La polémica sobre la visita de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, a España en 2020 vuelve a ocupar titulares, luego de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitiera que fue informado sobre su llegada. La visita ha generado controversia, dado que Rodríguez tiene prohibida la entrada al territorio europeo por sanciones impuestas por la Unión Europea en 2018.

Pedro Sánchez, quien hasta ahora había evitado dar explicaciones claras, confirmó recientemente: “El ministro Ábalos me informó de la visita. Cuando el gobierno de España se dio cuenta de las sanciones en su contra, la visita se canceló. Cualquier tema sobre actividades delictivas deberá resolverse en los tribunales”.

La filtración de un mensaje enviado por José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE, añade un nuevo giro al caso. En el texto, Ábalos informó a Sánchez que Delcy Rodríguez llegaría “en privado” para reunirse de manera discreta. Además, mencionó que habían acordado gestiones para beneficiar a empresas españolas, destacando el caso de Duro Felguera, que recibió el pago de una deuda significativa tras el encuentro

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vinculado esta visita con el "caso Koldo," una investigación sobre fraude en la venta de combustible. En ese contexto, el empresario Víctor Aldama, detenido por su participación en estos delitos, aparece conectado con Venezuela. Según los informes, Aldama actuaba como intermediario entre la aerolínea Globalia y el gobierno venezolano en la negociación del pago de una deuda de 200 millones de dólares.

En una comunicación filtrada, Aldama informó a Rodríguez que una reunión entre Pedro Sánchez y Leopoldo López, líder opositor venezolano, se había realizado en Ferraz (sede del PSOE) y no en Moncloa (residencia oficial del presidente). Esta distinción fue destacada como “importante que lo sepáis y entendáis”, según el mensaje.

Durante su visita, Delcy Rodríguez habría violado las sanciones impuestas por la Unión Europea, las cuales le prohíben ingresar a los 27 países de la zona Schengen y congelan cualquier bien que posea en la región. Este incidente ha generado críticas sobre la gestión del gobierno español y ha planteado dudas sobre posibles acuerdos encubiertos entre ambos gobiernos.

El "Delcygate" sigue generando interrogantes sobre la relación entre España y Venezuela, así como sobre las gestiones que pudieron haberse realizado en favor de empresas españolas. El reconocimiento de Pedro Sánchez de que conocía la visita no ha disipado las sospechas, y el desarrollo de los procesos judiciales será clave para esclarecer el alcance real de las negociaciones.

El caso evidencia cómo intereses económicos y diplomáticos pueden entrelazarse, y la oposición política ha exigido explicaciones más detalladas. Por el momento, queda en manos de la justicia determinar si hubo actos ilegales en esta controvertida visita.

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