Mientras salas polivalentes como la Kid Chocolate son derrumbadas para construir hoteles, los índices de criminalidad y drogadicción entre adolescentes y jóvenes de la capital van en aumento.

Específicamente en el densamente poblado municipio de La Habana Vieja, por demás uno de los centros más asediados por turistas. Un ejemplo palpable está en el muy conocido barrio de Jesús María. Según el activista de derechos humanos Alberto Turis Betancourt, la situación es el reflejo de las precarias condiciones que rodean a esa vulnerable parte de la sociedad.

“La miseria, el abandono y la frustración empujan a muchos jóvenes al consumo de drogas, lo que agrava los problemas sociales y personales de la comunidad”, nos dice Betancourt.

Esta situación ha sido reconocida por altos funcionarios del gobierno comunista como el propio viceministro de Educación Eugenio González, quien reconoció en el programa Mesa Redonda que el problema afecta a jóvenes entre 16 y 19 años, haciendo hincapié a la extensión del consumo de sustancias prohibidas en las escuelas secundarias.

Preocupante también es la dejadez, indiferencia y hasta complicidad de la PNR y los jefes de la unidad de Águila y Dragones, que están cruzados de brazos ante el aumento irreflexivo del consumo de drogas.

El propio viceministro explicó que si antes prevalecía el consumo de psicofármacos y marihuana, ahora se ha extendido a sustancias mucho más peligrosas conocida por el químico, que ha sido reconocida en 71 municipios del país.

Es evidente la profunda crisis social en la que los jóvenes de La Habana, particularmente en áreas vulnerables como Jesús María, están inmersos en un entorno de pobreza, frustración y abandono. Este contexto fomenta el consumo de drogas y agrava los problemas personales y comunitarios. A pesar de los reconocimientos oficiales por parte de figuras del gobierno, como el viceministro de Educación, no parece haber una acción efectiva para frenar el creciente uso de sustancias más peligrosas.

Es preocupante la aparente indiferencia de las autoridades locales, lo que deja a una generación de adolescentes y jóvenes sin el apoyo necesario para enfrentar estos desafíos. La falta de intervención, sumada a la falta de oportunidades y condiciones dignas de vida, pone en riesgo el futuro de estas comunidades, agravando aún más la crisis social y personal que enfrentan.

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