La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, enfrenta demandas de renuncia tras la divulgación de un video de 2013 que involucra a su cuñado, Carlos Zelaya, en una reunión con narcotraficantes. En la grabación, se discuten aportaciones para la campaña del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).

Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), publicó una carta exigiendo la dimisión de Castro, señalando que las acusaciones de narcotráfico que rodean a su familia y colaboradores afectan la integridad del gobierno. En la carta, Castellanos afirmó que el país continúa siendo un "narcoestado", en el que las élites han utilizado dinero del crimen organizado para llegar al poder.

Castellanos también advirtió que la permanencia de Castro socava el Estado de Derecho y pone en riesgo la paz social. La situación ha generado una crisis de credibilidad en la administración de Castro, cuya familia ha estado bajo escrutinio por presuntos lazos con el narcotráfico.

El informe que detonó las acusaciones proviene de la ONG estadounidense InSight Crime. Este informe revela que Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de Castro, se reunió con narcotraficantes en 2013, quienes ofrecieron financiar la campaña del partido Libre con una suma superior a 500,000 dólares. Aunque Carlos Zelaya reconoció el encuentro, negó haber recibido dinero y renunció a sus cargos como diputado y secretario en el parlamento hondureño.

En su defensa, la presidenta Castro condenó cualquier negociación entre políticos y narcotraficantes, pero denunció lo que describió como un plan para desestabilizar su gobierno. Señaló que tanto fuerzas internas como externas están orquestando un nuevo intento de golpe de Estado, similar al ocurrido en 2009. Además, Castro enfatizó que no permitirá la utilización de acuerdos con Estados Unidos para perjudicar a su gobierno o desmantelar a las Fuerzas Armadas.

En medio de la creciente tensión, Castro dio por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos. La decisión se produjo después de que la embajadora estadounidense, Laura Dogu, criticara un reciente encuentro entre autoridades hondureñas y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, quien está sancionado por el gobierno estadounidense.

La controversia ha sacudido al país, mientras el gobierno de Castro busca minimizar las acusaciones, revelando nombres de políticos, en su mayoría del Partido Nacional, opositor, con investigaciones abiertas por narcotráfico en Estados Unidos.

(Con información del diario "La Página")

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