Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Cuba comenzaron a evaluar los requisitos y a preparar trámites para importar combustible, tras el anuncio realizado el 7 de febrero de 2026 por el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, quien informó que el Gobierno autorizará a las empresas adquirir carburantes en el exterior.

“Vamos a diversificar los importadores de combustible en el país. Estamos facilitando y autorizando que cualquier empresa que tenga posibilidad de adquirir combustible, lo compre”, declaró el ministro en la televisión estatal, marcando un cambio histórico en la política energética dirigida al sector no estatal.

Durante el fin de semana, la mipyme Sonicarpa SRL compartió en Facebook los pasos que, según su explicación, deben seguir las empresas interesadas en realizar importaciones a través de la llamada Forma de Gestión No Estatal (FGNE). Entre los requisitos destacan: contar con autorización de Planificación Física sobre la ubicación de los depósitos, ya sea en instalaciones propias, arrendadas a una entidad estatal o en instalaciones de CUPET; obtener certificación del Cuerpo de Bomberos que avale la seguridad del almacenamiento; presentar un acuerdo de la junta de socios que confirme que el combustible se utilizará para la actividad autorizada; y gestionar la solicitud de inscripción e importación a través de importadoras estatales, como QUIMIMPORT o MAPRINTER, encargadas de formalizar la compra.

La empresa también precisó que los depósitos deben cumplir con estándares de seguridad en ESICUBA, y que se podría contratar almacenamiento en CUPET u otras entidades estatales con permisos vigentes.

La medida llega en un contexto de crisis energética prolongada, marcada por apagones frecuentes y escasez de combustible que afecta el transporte, la producción y el funcionamiento de servicios básicos. Además, se produce tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a países que comercialicen petróleo con Cuba, lo que ha limitado la capacidad de importación del Estado.

En redes sociales, la decisión ha generado debate. Algunos usuarios cuestionan los costos asociados a la intermediación obligatoria de las importadoras estatales, los pagos por almacenamiento y la logística, así como su repercusión en el precio final del combustible. Otros advierten que los trámites podrían ser largos y burocráticos, y no descartan decomisos por parte del Estado.

Por el momento, las autoridades no han divulgado detalles sobre márgenes comerciales, tarifas de almacenamiento ni tiempos estimados de aprobación, factores que determinarán el alcance real de esta flexibilización energética para las mipymes.

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