Vecinos del reparto Veguita de Galo, en Santiago de Cuba, se encuentran en estado de conmoción tras el presunto ataque sexual cometido por Rafael, conocido en el barrio como “Felo”.

El hombre, que gozaba de un pase carcelario tras haber sido condenado por una violación previa, habría perseguido y agredido brutalmente a una joven, según testimonios recogidos por Yosmany Mayeta desde su perfil de Facebook.

La víctima logró huir malherida tras escapar por la calle 15 hasta refugiarse en la vivienda de una vecina, donde fue auxiliada. Testigos relataron que Felo habría violentado sexualmente a la joven, dejándola con golpes visibles y sin fuerzas para continuar.

La llegada de la Policía al lugar puso fin a la situación: ambas partes fueron llevadas para los procedimientos judiciales correspondientes.

El agresor habría intentado justificar su accionar afirmando que la víctima “no era menor de edad”, una afirmación que no minimiza la gravedad del hecho ni las posibles consecuencias penales.

Este sería el segundo caso de violación atribuido a Rafael “Felo”, lo que ha encendido la ira de la comunidad.

Vecinos y familiares hicieron un llamado urgente a las autoridades para que no se concedan más beneficios de libertad temporal a agresores con antecedentes.

Como expresó un residente, “no puede ser que estos delincuentes anden por las calles con pases carcelarios.

¡El que viola, que cumpla, sin beneficios ni excusas!”. Otro agregó con crudeza: “El perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue siendo un peligro”.

Este nuevo suceso ha reavivado el debate sobre los mecanismos de reinserción social y supervisión de agresores sexuales en Cuba. Aunque la legislación penal cubana conformada por el Código Penal vigente, Ley No. 151 de 2022 establece penas de 7 a 15 años (y en casos agravados, hasta 30 o cadena perpetua) para agresión sexual o violación con antecedentes, existen instrumentos legales que permiten medidas administrativas como multas o libertad condicional sin intervención judicial efectiva.

El modelo penitenciario cubano enfatiza la reinserción social, incluso para quienes cumplen sanciones por delitos graves.

Sin embargo, críticos señalan que dichos mecanismos no garantizan controles adecuados sobre agresores reincidentes, lo que genera situaciones de peligro para la población.

Estudios internacionales indican que los agresores sexuales sin tratamiento especializado presentan tasas de reincidencia entre 6 % y 19 %, mientras que aquellos que reciben programas estructurados reducen ese riesgo a entre 4 % y 10 %.

Por su parte, las víctimas de agresión sexual en la isla enfrentan procesos judiciales complejos y una alta probabilidad de revictimización secundaria a través de cuestionamientos, desconfianza institucional o estigmatización que agrava el trauma sufrido.

Aunque la Constitución de 2019 y las leyes de proceso penal promueven el derecho a reparación, protección y presencia activa de la víctima en el proceso, muchas denuncias se pierden en trámites o no llegan a tribunales.

Este caso pone en evidencia un intenso debate: ¿es responsable otorgar pases carcelarios a agresores sexuales con antecedentes comprobados? ¿Por qué continúa la posibilidad de reincidencia sin mayor supervisión? Y, sobre todo, ¿qué mecanismos se están implementando para proteger a las víctimas y garantizar justicia efectiva?

La comunidad exige transparencia, revisión de las normas de reinserción y sanción efectiva sin privilegios.

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