El endurecimiento de las inspecciones y la imposición de multas a comerciantes, tanto estatales como privados, evidencian las consecuencias de la falta de libertad y el exceso de control del estado sobre los productores. Durante mayo, los inspectores de la Dirección Territorial de Matanzas impusieron 619 multas por un total de 793,100 pesos, reflejando las dificultades de operar en un entorno de estricta regulación y control estatal.

Entre las principales infracciones se encuentran la falta de actualización de los métodos de pago digital obligatorios, como QR o Enzona, que deben poseer todos los comerciantes, incluidos los vendedores ambulantes legales. La obligatoriedad de disponer de un teléfono móvil para realizar transacciones comerciales añade una carga adicional a los pequeños comerciantes, quienes a menudo carecen de los recursos necesarios para cumplir con estas exigencias.

Yanet Vázquez Fragoso, jefa del grupo de inspectores, detalló que durante mayo, por el Decreto-30, se impusieron 153 multas por un valor de 651,500 pesos debido a irregularidades como precios no visibles, pizarras no actualizadas, y la falta de facturas para los productos vendidos. Estas sanciones subrayan las dificultades que enfrentan los comerciantes para cumplir con las regulaciones en un sistema dominado por la burocracia estatal.

Además, aquellos que no contaban con la documentación legal necesaria para sus ventas fueron multados, en el contexto de un sistema de bancarización que incrementa el uso de canales electrónicos de pago y reduce el uso de efectivo. Este proceso, aunque bienintencionado, puede resultar inalcanzable para muchos pequeños comerciantes, exacerbando las tensiones y las posibilidades de incurrir en infracciones.

El Decreto-45, aplicable a los trabajadores por cuenta propia, resultó en 110 multas por un valor de 111,000 pesos debido a la violación de proyectos, falta de documentación adecuada e ilegalidades diversas. Estas sanciones reflejan las dificultades de los emprendedores individuales para operar bajo una constante supervisión y control estatal, que limita su capacidad para adaptarse y prosperar en el mercado.

En cuanto a las infracciones relacionadas con el ornato público y la higiene comunal, se impusieron multas por obstrucción de calles y aceras con materiales de construcción, así como por la creación de vertederos ilegales. Estas sanciones, aunque necesarias para el bienestar comunitario, también reflejan la falta de recursos y apoyo para los pequeños comerciantes que intentan cumplir con las regulaciones.

Además de las multas, se realizaron 189 apercibimientos y una venta forzosa, destacando la necesidad de que los inspectores cuenten con los recursos necesarios para detectar y prevenir fraudes. La insistencia en la vigilancia sobre los precios del arroz y otros productos básicos, así como en el control de precios de productos como la leche, subraya el control estatal sobre el mercado y las dificultades que enfrentan los comerciantes para operar dentro de estas restricciones.

En resumen, las numerosas multas y sanciones impuestas en mayo reflejan las consecuencias de un entorno de control estatal excesivo y la falta de libertad para los productores privados. La necesidad de cumplir con regulaciones estrictas y la falta de recursos adecuados dificultan la operación de los comerciantes, evidenciando las tensiones inherentes en un sistema que prioriza el control sobre la libertad económica.

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