Una pequeña cafetería de carácter familiar en el municipio de Unión de Reyes, provincia de Matanzas, fue sancionada con una multa de 70.000 pesos cubanos tras una inspección administrativa, según denunció en redes sociales Zayli Sánchez, residente fuera del país y familiar directa de las propietarias del negocio.

De acuerdo con la información divulgada, la cafetería había implementado soluciones alternativas para sostener su funcionamiento durante los apagones, entre ellas el uso de paneles solares para la conservación de alimentos y para mantener un mínimo de servicio eléctrico. Estas inversiones permitían, además, que algunos vecinos pudieran cargar sus teléfonos móviles en momentos de interrupciones prolongadas del suministro.

La sanción, según explicó Sánchez, estuvo relacionada con presuntas violaciones de precios en productos como el pollo y la salchicha, sujetos a regulaciones oficiales. La denunciante afirmó que los precios exigidos por las autoridades no se corresponden con los costos reales de adquisición de esos productos en el mercado mayorista ni minorista, lo que dificulta el cumplimiento de los topes establecidos para los trabajadores por cuenta propia.

Otro de los señalamientos realizados durante la inspección fue la exigencia de contar con un sistema de pagos electrónicos mediante código QR. Aunque el establecimiento había logrado aceptar transferencias bancarias en determinadas ocasiones, el uso regular de estos métodos se ve limitado por los apagones, las fallas de conectividad y las dificultades para retirar efectivo del sistema bancario, factores que afectan tanto a clientes como a comerciantes.

La situación se complicó el día de la inspección porque la propietaria del negocio no se encontraba presente, al estar atendiendo una urgencia médica de tipo dental. En ese momento, las trabajadoras del local quedaron a cargo de la atención a los inspectores. Según el testimonio difundido, se solicitó un breve margen de tiempo para que la dueña pudiera presentarse y dialogar, pero la multa fue impuesta sin que se produjera ese intercambio.

La sanción económica representa una carga significativa para un emprendimiento de pequeña escala, que depende de ingresos diarios para cubrir costos operativos, salarios y reposición de mercancías.

Durante los últimos tres años, la familia había destinado recursos propios a mejorar las condiciones del servicio, sostener la actividad durante los apagones y realizar acciones comunitarias dirigidas a niños y personas mayores del entorno.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre una revisión administrativa del caso ni sobre la posibilidad de apelación de la multa. La denuncia ha circulado ampliamente en plataformas digitales, donde se ha visibilizado la situación del negocio y el impacto que la sanción tiene sobre la economía familiar y la continuidad del servicio en la comunidad.

Fuente: Periódico Cubano

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