En la provincia de Guantánamo, las autoridades han reforzado la supervisión y las sanciones sobre los trabajadores por cuenta propia (TCP), intensificando inspecciones, multas y decomisos, lo que agrava la ya crítica situación de abastecimiento de alimentos para la población. Según reportes oficiales del Gobierno provincial, durante los primeros días de febrero se realizaron 2,640 inspecciones, se impusieron 1,538 multas y se ejecutaron 162 ventas forzosas de productos.

El incremento de estas medidas se justifica oficialmente como lucha contra los precios abusivos y especulativos, amparándose en el Decreto No. 30 y el Decreto Ley No. 91 (artículo 12-j). Sin embargo, el efecto práctico recae principalmente sobre los trabajadores privados, quienes, en medio de los déficits de combustible y la escasez de productos básicos, son los que sostienen buena parte del abastecimiento de alimentos en la provincia.

Los productos más sancionados incluyen artículos de la canasta básica regulada, como pollo congelado, aceite vegetal, detergente en polvo y salchichas, así como alimentos concertados por los Consejos de la Administración Municipal: boniato, calabaza, malanga, yuca, frijol negro, plátano vianda, lechuga, tomate y cebolla. Los inspectores también detectaron pizarras desactualizadas, ausencia de fichas de costo y ventas de productos por encima de los precios establecidos, como tomate a 250 pesos la libra frente a los 156 aprobados, lechuga a 100 pesos (precio oficial 50) y guayaba a 50 pesos (precio aprobado 23).

Además de las sanciones económicas, se aplicaron multas a quienes ejercían actividades sin licencia, no utilizaban el código QR, no depositaban efectivo en bancos o no empleaban cuentas fiscales. Entre los casos más graves, se retiró un proyecto de TCP por violar precios y amenazar a inspectores, hecho que será denunciado como delito contra un funcionario público.

El sector del transporte también fue blanco de estas medidas. Motoristas y bicitaxeros fueron multados por operar sin licencia y por cobrar tarifas hasta 12 veces superiores a los precios oficiales en rutas locales y hacia municipios cercanos. Como resultado, se retuvieron licencias de operación y de conducción.

Si bien las autoridades aseguran que estas acciones cuentan con el respaldo de la población y la supervisión popular, la presión sobre los trabajadores privados genera un efecto contrario al declarado objetivo: dificulta la capacidad de los TCP para llevar alimentos a la mesa de los cubanos en un contexto donde la producción estatal no cubre la demanda. La combinación de inspecciones constantes, sanciones y decomisos amenaza con reducir aún más la oferta de productos básicos, profundizando la crisis alimentaria en la provincia.

La estrategia de control estricto puede terminar desincentivando la actividad privada, que en muchos casos es la única vía de abastecimiento disponible. En un territorio golpeado por la escasez, los TCP siguen siendo esenciales para sostener la alimentación diaria, y su hostigamiento aumenta la incertidumbre sobre cómo las familias guantanameras podrán acceder a productos básicos en las próximas semanas.

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