El gobierno de Estados Unidos estaría aplicando un enfoque más duro para tramitar solicitudes de asilo, una estrategia que, según el abogado de inmigración Mayron Gallardo en conversación con el periodista Mario Pentón, está golpeando con fuerza a los migrantes y de manera particular a los cubanos. La clave del cambio, explica el especialista, es acelerar el cierre de casos mediante acuerdos con terceros países —entre ellos Ecuador—, lo que en la práctica impide que muchas personas continúen su proceso dentro de territorio estadounidense y las obliga a gestionar la solicitud en el país señalado por esos convenios.

Gallardo sostiene que el giro no solo busca desestimar expedientes con rapidez, sino que además eleva el costo migratorio de esas decisiones. Al cerrarse un caso de asilo, no solo se activa una deportación más expedita, sino que también podría imponerse una prohibición de reingreso a Estados Unidos por 10 años, una consecuencia más severa que en esquemas previos, donde el impacto inmediato se concentraba en la deportación acelerada sin un castigo adicional tan largo.

El mecanismo se estaría aplicando desde etapas tempranas del proceso, en audiencias iniciales conocidas como master hearings, donde se fijan aspectos básicos del caso. El problema, subraya el abogado, es que muchos migrantes llegan a esas audiencias sin preparación ni asesoría, y el sistema termina cerrando casos antes de que la persona pueda presentar una defensa sólida o entender completamente lo que está aceptando.

En el caso de los cubanos, el abogado describe un patrón repetido: al solicitar asilo en EE. UU., se les notifica que deben presentar el trámite en Ecuador, lo que recorta drásticamente sus opciones y reduce las probabilidades de que sus casos sean evaluados a fondo por las autoridades estadounidenses. Según esa lectura, la frecuencia con la que se estaría recurriendo a ese tipo de derivación ha ido en aumento, dejando a muchos en un callejón sin salida.

A esto se suma una desventaja que puede ser decisiva: la falta de representación legal. Gallardo advierte que numerosos migrantes no cuentan con abogado, desconocen sus derechos y, por esa misma desinformación, terminan aceptando decisiones desfavorables sin pelear lo que legalmente sí podrían pelear. Aunque existe la posibilidad de apelar dentro de los 30 días posteriores a una desestimación, muchos no lo saben o no actúan a tiempo, y el reloj corre en su contra.

En ese escenario, la desinformación se vuelve un riesgo tan grande como el propio proceso: sin guía jurídica, las audiencias iniciales pueden convertirse en el punto donde se cierra todo. Y cuando el sistema se mueve rápido, la vulnerabilidad de quien no tiene abogado —y no entiende el procedimiento— se multiplica, especialmente para comunidades como la cubana que están quedando atrapadas en un terreno migratorio cada vez más hostil.

Recomendado para ti