El Ministro de Finanzas y Precios de Cuba, Vladimir Regueiro Ale, ha advertido a los dueños de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que ocultar mercancía y no venderla a la población constituye un "delito grave". Durante una aparición en la televisión cubana, Regueiro explicó las acciones de control implementadas tras la reciente Resolución 225, que establece topes de precios para seis productos básicos.

Regueiro enfatizó que la ocultación de productos y la obstrucción del comercio son considerados delitos o infracciones graves. "Estamos apercibiendo y, donde hemos identificado estos casos, hemos convocado a los gobiernos municipales a los actores económicos que son titulares", afirmó. Los dueños de mipymes están siendo citados a las sedes gubernamentales para recibir orientación sobre las medidas a seguir.

Hasta el 13 de julio, se habían ordenado 151 acciones de venta forzosa de productos, siendo las mayores violaciones en la comercialización de pollo y aceite. A pesar de las nuevas medidas, la población sigue reportando la escasez de productos básicos como el pollo y la leche en polvo.

El ministro también mencionó la regulación de las ganancias, estableciendo un límite máximo del 30%. "El Estado ha dado un paso significativo para reducir costos con la liberación del pago de aranceles. Esto debe motivarnos a todos a revisar cómo se distribuyen las ganancias, ya que el beneficiario final es la población", señaló Regueiro.

Durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, abordó la actualización de disposiciones jurídicas para las mipymes y otras entidades del sector privado. Marrero aseguró que las nuevas políticas del gobierno "no son una cruzada contra las mipymes" y que son necesarias para la economía, subrayando que el principal actor en la economía cubana es la empresa estatal socialista.

Este fin de semana, el gobierno ordenó 11,891 inspecciones al sector privado, denominadas "acciones de enfrentamiento a las violaciones de precios topados". Las inspecciones resultaron en la detección de violaciones en el 41,7% de los casos, con 4,954 infracciones registradas. Se impusieron 4,332 multas, acumulando un valor superior a los 13 millones de pesos.

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