La crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos ha revelado una de sus aristas más preocupantes: la desaparición de miles de niños que cruzaron solos y fueron entregados a supuestos familiares sin una verificación rigurosa.

Según declaraciones del detective y consultor en seguridad Fernando Álvarez, más de 60.000 menores se encuentran en paradero desconocido tras haber sido liberados por las autoridades migratorias estadounidenses.

En una entrevista con Univista TV, Álvarez explicó que muchos de estos niños llegaron con apenas una nota en el bolsillo que contenía el nombre y teléfono de un presunto familiar. Adultos se presentaban con una licencia de conducir y los retiraban sin demostrar realmente su parentesco.

Según el experto, esto fue consecuencia de una presión social y mediática que impulsó la liberación masiva de menores desde centros de detención donde, asegura, recibían atención médica, alimentación y educación. Una vez entregados, muchos no fueron inscritos en escuelas ni monitoreados, lo que facilitó su desaparición del sistema.

Los informes oficiales respaldan en parte esta situación. Un informe del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional reveló que más de 291.000 menores no acompañados entre 2019 y 2023 no recibieron una orden formal para presentarse ante un tribunal migratorio. Además, más de 32.000 sí fueron citados, pero no se presentaron, lo que los coloca en una categoría de alto riesgo.

"El verdadero problema radica en la ausencia de controles y la falta de coordinación entre agencias", señalan organizaciones de derechos humanos. Aunque no todos estos casos representan desapariciones forzadas, el sistema no puede confirmar la ubicación ni el bienestar de miles de ellos, lo que abre la posibilidad de que algunos hayan sido víctimas de redes de tráfico humano o explotación.

Expertos como los del Migration Policy Institute y medios como Associated Press advierten sobre la confusión entre errores administrativos y desapariciones reales. Sin embargo, reconocen que la falta de seguimiento representa una vulnerabilidad grave en el sistema migratorio. La revisión de estos casos continúa, pero el proceso es lento y enfrenta múltiples obstáculos burocráticos. Mientras tanto, miles de menores siguen sin rastreo, lo que evidencia una crisis humanitaria sin respuesta efectiva.

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