El temor a las operaciones migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha cambiado la vida cotidiana de algunas familias venezolanas residentes en Doral, Florida, donde numerosos migrantes aseguran haber reducido al mínimo sus actividades fuera de casa ante el riesgo de ser detenidos.

La situación fue recogida por la BBC, que entrevistó a una mujer venezolana identificada como María, de 52 años, quien vive en Doral junto a su esposo y sus hijas desde 2019 y mantiene pendiente una solicitud de asilo afirmativo.

Según su testimonio, el temor aumentó después de que un primo suyo fuera detenido por ICE en Orlando en junio, pese a que también tenía un proceso de asilo pendiente. Desde entonces, modificó sus rutinas para evitar encontrarse con agentes migratorios.

María asegura que dejó de caminar por un parque cercano, abandonó las clases de baile y redujo sus reuniones sociales. Actualmente procura salir únicamente para acudir a su trabajo y utiliza aplicaciones y redes sociales para conocer reportes sobre la presencia de agentes de inmigración en Doral.

“Es como si me faltara el aire”, relató al describir la angustia que experimenta cuando debe desplazarse por la ciudad.

Doral, ubicada en el condado de Miami-Dade, es conocida por albergar una de las mayores concentraciones de población venezolana en Estados Unidos. La presencia de ICE se ha incrementado en el sur de Florida en el marco de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, quien ha prometido ejecutar una amplia campaña de deportaciones.

La incertidumbre también está relacionada con los cambios en las protecciones migratorias para los venezolanos. Durante la administración de Joe Biden, cientos de miles de ciudadanos de ese país obtuvieron el Estatus de Protección Temporal (TPS), que permitía trabajar legalmente y ofrecía protección frente a la deportación.

El gobierno de Trump emprendió posteriormente acciones para poner fin a ese beneficio, provocando una prolongada batalla judicial. La disputa llegó hasta la Corte Suprema, que permitió a la administración avanzar con la terminación del TPS para los venezolanos.

En Doral, además, las autoridades municipales aprobaron en abril de 2025 un acuerdo bajo el programa 287(g), que permite determinadas formas de colaboración entre agentes locales de policía y autoridades migratorias federales.

El alcalde de South Miami, Javier Fernández, acudió el martes 22 de septiembre a las inmediaciones de la alcaldía de Doral junto a exlegisladores estatales para reclamar la revocación del acuerdo.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, ha defendido que la aplicación de las leyes migratorias corresponde al gobierno federal y que eliminar el acuerdo municipal no impediría las operaciones de ICE.

Mientras continúa la incertidumbre, algunas familias han comenzado a considerar abandonar Estados Unidos. María contempla trasladarse a Canadá con su esposo, aunque primero pretende cerrar correctamente su proceso de asilo.

“Hay una incertidumbre total”, resume la mujer, quien asegura que la situación ha transformado por completo la vida que había construido durante siete años en Doral.

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