Las recientes redadas inmigratorias en Estados Unidos han desatado una ola de temor y tensión entre las comunidades migrantes, especialmente en estados como Texas, Florida, California y Nueva York, donde los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han intensificado las detenciones en barrios residenciales, centros laborales y paradas de transporte público.

El endurecimiento de las políticas migratorias, promovido por el presidente Donald Trump en su segundo mandato, busca —según la Casa Blanca— “restablecer el orden y proteger la seguridad nacional”. Sin embargo, el costo humano ha sido alto: familias separadas, niños que temen ir a la escuela y trabajadores indocumentados que evitan salir de casa por miedo a ser arrestados.

En declaraciones a CBS, Trump aseguró que las redadas “no han ido lo suficientemente lejos” y pidió “acciones más firmes” contra lo que calificó como “la invasión silenciosa” de inmigrantes irregulares.

Sus palabras, sin embargo, han generado rechazo en organizaciones civiles, líderes religiosos y defensores de derechos humanos, que califican las operaciones como “una cacería” y una forma de criminalizar a personas que solo buscan sobrevivir.

En ciudades como Houston y Los Ángeles, varios padres han dejado de enviar a sus hijos a la escuela por temor a que sean detenidos en el camino. En redes sociales circulan videos y testimonios de vecinos alertando sobre puntos de control de ICE, mientras grupos de apoyo comunitario organizan redes de protección para ofrecer información legal y refugio temporal a quienes lo necesiten.

“Ya ni salimos al trabajo. Es como vivir escondidos otra vez”, confiesa Ana Morales, una inmigrante guatemalteca que lleva 12 años en Estados Unidos y cuya familia depende de su empleo en una lavandería. “Uno viene aquí a trabajar, no a hacer daño. Pero ahora nos tratan como delincuentes”.

Abogados de inmigración advierten que el temor está provocando que muchos no acudan a sus audiencias judiciales ni busquen asistencia médica, lo que podría agravar tanto su situación legal como su salud.

Mientras tanto, organizaciones proinmigrantes convocan a marchas pacíficas en varias ciudades del país para exigir el fin de las redadas y una reforma migratoria que priorice la humanidad por encima del castigo. “No somos ilegales, somos personas”, reza una pancarta que se repite en manifestaciones de costa a costa.

La tensión sigue creciendo, y miles de inmigrantes enfrentan cada día el mismo dilema: salir y arriesgarse o esconderse y perderlo todo.

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