La masonería cubana enfrenta una crisis interna significativa. El martes, unos 200 masones de varias provincias se congregaron en el edificio de la Gran Logia de Cuba, en La Habana, para pedir la destitución de Mario Urquía Carreño como Gran Maestro. Lo acusan de haber sido impuesto por la Seguridad del Estado, lo que consideran una injerencia inaceptable en la independencia de la fraternidad.

Urquía Carreño, quien se encerró en su despacho durante la protesta, se negó a dialogar con los congregados. Este episodio se suma a la controversia de enero pasado, cuando se reportó el robo de 19.000 dólares bajo su responsabilidad.

El edificio de la Gran Logia, situado en Centro Habana, estuvo rodeado de agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil, según reportó 14ymedio. Algunos agentes llevaban credenciales de Etecsa, la empresa estatal de telecomunicaciones.

Iriel Hernández Cobreiro, uno de los masones presentes, expresó que Urquía Carreño ha demostrado desinterés por la masonería al negarse a enfrentarse a sus hermanos. La protesta logró su objetivo de no reconocer a Urquía Carreño y demostrar la firmeza de los masones cubanos.

Los masones insistieron en su derecho a realizar esta "justa acción" para hacer entender a Urquía Carreño que su permanencia en el cargo deshonra a la institución. Rechazan su investidura, al considerarla dirigida por las autoridades del régimen.

Una de las críticas más fuertes fue hacia Juan Alberto Kessel Linares, quien fue elegido para reemplazar a Urquía Carreño en abril, pero cedió a las presiones del Gobierno. También se notó la ausencia del Soberano Gran Comendador Ramón Viñas Alonso, otra figura masónica de alta autoridad.

En un video compartido por Cubanet, los masones debatieron cómo obtener una respuesta positiva de Urquía Carreño. Uno de los reunidos lamentó el "estado de descomposición" actual de la masonería cubana, señalando que la figura de Urquía Carreño ha perdido la capacidad moral.

Aclararon que no buscan la violencia, sino el respeto a la ley, recordando que han seguido los procedimientos institucionales para resolver esta crisis. La expulsión de Urquía Carreño fue aprobada según el artículo 50 de la Constitución Masónica, aunque el Ministerio de Justicia bloqueó su cumplimiento.

Consideran que el ministerio emitió un "dictamen" y no una resolución, lo que les permite no acatarlo estrictamente. La legislación masónica cubana es clara y Urquía Carreño no está exento de ser juzgado, ni tiene derecho a crear discordia entre la Gran Logia y el Supremo Consejo para el Grado 33.

Urquía Carreño emitió un "alto decreto" calificando al Supremo Consejo del Grado 33 de "irregular", lo que los masones ven como un intento de dividir y destruir la masonería en Cuba. Sin embargo, reiteraron su firmeza en hacer cumplir sus leyes sin recurrir a la violencia.

Subrayaron que su reclamo es para que se cumplan las leyes del Estado y aclararon que la masonería no discrimina a sus miembros, incluyendo a personas de las Fuerzas Armadas, el Partido Comunista y opositores al régimen.

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