Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado una fuerte controversia en Estados Unidos al autorizar a sus agentes a ingresar por la fuerza a viviendas para detener a inmigrantes sin contar con una orden judicial firmada por un juez, una práctica que legisladores y organizaciones civiles consideran una grave violación constitucional.

El documento, emitido el 12 de mayo de 2025 por el director interino de ICE, Todd Lyons, permite a los agentes basarse en una orden administrativa de deportación —el Formulario I-205— para ejecutar arrestos dentro de domicilios particulares, incluso utilizando fuerza si los ocupantes se niegan a permitir el ingreso.

El tema salió a la luz tras un caso ocurrido en octubre de 2025 en Gary, Indiana, donde agentes enmascarados irrumpieron en la vivienda de Arnoldo Carrillo, de 26 años, sin presentar una orden judicial. Según un informe presentado ante el Senado, Carrillo fue sometido violentamente durante el operativo, mientras que su madre, quien padece diabetes, también resultó lesionada durante el allanamiento.

De acuerdo con el reporte, los agentes ingresaron sin identificación clara, emplearon fuerza física y no mostraron documentación judicial que autorizara la entrada al domicilio, lo que encendió las alarmas sobre el uso de tácticas propias de operativos criminales en procedimientos migratorios.

La revelación del memorando provocó una investigación en el Congreso, encabezada por el representante demócrata Robert García, de California, y el senador Richard Blumenthal, de Connecticut. La indagatoria se basa en documentos entregados por dos denunciantes a la organización Whistleblower Aid, que posteriormente los presentó ante el Senado.

Blumenthal calificó la política como “legal y moralmente inaceptable” y advirtió sobre el riesgo que representa para los derechos civiles de todos los residentes en Estados Unidos.

“Todo estadounidense debería estar alarmado por una política secreta que permite a agentes federales derribar puertas y entrar en hogares sin la autorización de un juez”, afirmó el senador. “Este tipo de prácticas socava principios básicos de la Constitución y abre la puerta a abusos graves”.

El memorando instruye a los agentes a “tocar y anunciarse” antes de ingresar, pero también establece que, si el ocupante se niega a permitir el acceso, los oficiales pueden utilizar “la fuerza necesaria” para entrar al domicilio, siempre que cuenten con el Formulario I-205.

Expertos legales han subrayado que una orden administrativa, emitida por el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no equivale a una orden judicial. Solo una orden firmada por un juez permite legalmente el ingreso forzado a una propiedad privada, salvo en circunstancias excepcionales como una emergencia inmediata.

Organizaciones defensoras de derechos civiles advirtieron que esta política podría llevar a que agentes —muchos de ellos sin experiencia previa en fuerzas policiales— ejecuten operativos que ignoren protecciones fundamentales, como la Cuarta Enmienda, que protege contra allanamientos y detenciones arbitrarias.

Whistleblower Aid señaló que el memorando crea un precedente peligroso al permitir que decisiones administrativas sustituyan el control judicial, debilitando uno de los pilares del sistema legal estadounidense.

El informe del Senado titulado “Autoridad sin control” concluye que estas prácticas podrían derivar en detenciones extrajudiciales, incluyendo casos de ciudadanos estadounidenses, y aumentar el riesgo de errores, abusos y uso excesivo de la fuerza.

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