La familia cubana Sánchez Hill, que piden a la cadena hotelera Meliá una compensación de 10 millones de dólares (unos 8,9 millones de euros), por el uso de antiguas propiedades confiscadas en Cuba, ha sufrido un traspiés en su proceso debido a que la jueza de Palma que instruye la demanda, ha archivado la causa por falta de competencias.

Asesorados por sus abogados, los reclamantes no se acogieron a la Ley Helms Burton, sino que mantuvieron una demanda contra Meliá por "enriquecimiento injusto, al explotar dos hoteles, en unos terrenos que les fueron expropiados tras la Revolución castrista de 1959”.

“En esos terrenos, de la provincia de Holguín, se levantan los complejos hoteleros Paradisus Río de Oro y Sol Río de Luna y Mares, de los que es propietaria la empresa estatal Gaviota y que gestiona Meliá Hotels International”, precisaron anteriormente.

Ahora se conoció a través del diario El Mundo “la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Palma ha archivado la causa al considerar que la demanda debe ir dirigida contra el Estado cubano, responsable del acto originario que se denuncia. Y que, por tanto, al afectar a otro Estado, ningún tribunal español tiene competencias para enjuiciarlo”.

Es así que se supo que la magistrada sbasó su decisión en un informe emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores el pasado mes de abril.

El documento había sido requerido por el Juzgado, y en él Gobierno español declara que “la nacionalización de bienes acordada por el Estado cubano en 1960 es un acto iuri imperii ". Lo cual significa “una acción soberana que está protegida por la inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de otros países”.

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