En Morón, provincia de Ciego de Ávila, se ha desatado una nueva polémica que revela la corrupción enquistada en las instituciones del orden. El pasado 27 de abril, Sandro Castillo Montejo, un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), fue interceptado en el peaje de Cayo Coco transportando productos regulados y escasos en un vehículo particular: dos balitas de gas licuado, un pernil de cerdo y alimentos desviados de hoteles turísticos.

Aunque oficialmente estaba de vacaciones, Castillo Montejo llevaba el uniforme y, al parecer, aprovechó su cargo para facilitar la reventa de productos de alta demanda.

Refleja La Tijera en su información que Castillo fue detenido y llevado a la unidad policial de Ciego de Ávila, pero, en un giro que ha generado indignación, fue liberado apenas unas horas después.

No sólo eso, retomó sus funciones normalmente en Morón hasta que una queja desde la provincia obligó su relevo temporal y una nueva citación, sin que se le abriera proceso penal alguno.

Esto ha alimentado la percepción de que goza de protección dentro del MININT, algo denunciado por vecinos y testigos que, en distintas ocasiones, lo han visto cargando productos sin pagar en comercios estatales, reflejo del clima de impunidad que impera.

Este caso no es aislado. En Santiago de Cuba, en mayo de 2024, 78 personas —incluidos conductores y supervisores— fueron arrestadas por desviar arroz, frijoles, azúcar y harina destinados a la canasta básica hacia el mercado informal, enfrentando penas de 8 a 20 años de prisión.

En Guantánamo, una red vinculada al MININT fue desmantelada por malversar millones, desviando ron, cerveza, pollo y salchichas de servicios gastronómicos públicos.

Estos ejemplos ilustran que el fenómeno va más allá de casos individuales: se trata de una práctica estructural, donde responsables estatales y policiales se apropian de recursos básicos mientras la población sufre de carencias, largas colas y mercados negros.

La reciente campaña oficial de “juicios ejemplarizantes” en diciembre de 2024, que incluyó procesos por corrupción administrativa y malversación en varias provincias, demuestra por un lado que hay voluntad política de enfrentar el problema pero por otro, pone en contraste los escasos castigos a miembros de mayor rango o con respaldo institucional.

Los casos de Morón, Santiago de Cuba y Guantánamo ponen en evidencia un problema de fondo: la protección desde "las altas esferas", donde ciertos actores actúan con total impunidad. Mientras tanto, los cubanos comunes continúan sin gas, pernil y alimentos, soportando analogías constantes a las “tiendas de privilegio” del régimen.

¿Cuánto más soportará el pueblo? Sin una reforma real y una justicia independiente que alcance a todos, los casos de corrupción continuarán proliferando con traje y uniforme.

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