La situación de los médicos cubanos y la gestión del sistema de salud en Cuba han alcanzado un punto crítico, según revela un reciente informe del Observatorio Cubano de Auditoría Social (OCAC). Esta organización, con base en Madrid y compuesta por activistas, investigadores y periodistas, ha publicado un documento titulado "Cuba: el saqueo de GAESA a la seguridad sanitaria", en el que se detalla cómo el conglomerado militar cubano ha desviado fondos del sector de la salud pública.

El informe del OCAC acusa directamente al Gobierno cubano de haberse apropiado de casi 70 mil millones de dólares procedentes de misiones médicas internacionales. Estos fondos, en lugar de ser reinvertidos en el Sistema Nacional de Salud de Cuba, habrían sido desviados para otros fines, incluyendo la construcción de hoteles, que según las estadísticas del propio Gobierno cubano, ha recibido una inversión 13 veces mayor que la destinada al sector sanitario.

Una de las prácticas más controvertidas denunciadas en el informe es la retención por parte del Estado cubano de hasta el 90% del salario de los médicos contratados en el exterior. Esta situación es defendida por las autoridades cubanas como una medida para sostener el servicio universal y gratuito de salud en el país. Sin embargo, el OCAC sostiene que esto constituye una forma de trabajo forzado y un robo a los profesionales de la salud.

El informe también señala un declive significativo en la infraestructura sanitaria de Cuba, con una reducción del 32% en el número de hospitales entre 2007 y 2018, y un descenso en la disponibilidad de medicamentos esenciales. Además, el documento critica la gestión gubernamental del sistema de salud, acusando al Estado de negligencia y corrupción, lo cual ha llevado a una situación en la que la atención médica depende cada vez más de tener acceso a divisas o relaciones en el extranjero.

Esta situación se ve agravada por la admisión del propio Gobierno cubano de haber desviado recursos para la fabricación de vacunas contra el COVID-19, lo que ha resultado en una menor producción de otros medicamentos vitales. 

El informe del OCAC llama a la transparencia y exige que tanto GAESA como el Ministerio de Salud Pública y las empresas exportadoras de servicios médicos cubanos hagan públicas sus cuentas y reintegren el dinero al sistema de salud. La situación actual es un claro indicio de la crisis sistémica que enfrenta el sistema sanitario cubano, una crisis que, según el OCAC, es más el resultado de la gestión interna del país que de las sanciones internacionales.

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