Cuatro integrantes de la masonería cubana recibieron condenas de entre dos y cuatro años de limitación de libertad por el presunto delito de tráfico ilegal de divisas, en un proceso judicial que los afectados consideran motivado por razones políticas.

El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre dictó las sanciones este jueves, acompañadas de multas económicas, prohibición de salida del país e inhabilitación para ocupar cargos directivos dentro de la fraternidad masónica.

José Ramón Viñas Alonso recibió la condena más elevada, de cuatro años de limitación de libertad y una multa de 25.000 pesos. Fernando Marcos García fue sancionado a tres años y 20.000 pesos, mientras que Ángel Santiesteban Prats y Osvaldo Ernesto Villegas Digat recibieron dos años de limitación de libertad y multas de 20.000 pesos cada uno.

Las sanciones no contemplan el ingreso en prisión, pero imponen restricciones a los movimientos de los condenados y limitan su participación en las actividades directivas de la organización.

Según informó Martí Noticias, la acusación de la Fiscalía se relaciona con el cambio de 300 dólares procedentes de donaciones enviadas por miembros de la masonería desde el exterior. El dinero estaba destinado a adquirir productos de limpieza y otros artículos para atender a los ancianos del Asilo Nacional Masónico Llansó.

El escritor y opositor Ángel Santiesteban Prats, quien ocupa el cargo de soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33, denunció que el proceso forma parte de una campaña de presión contra la masonería y otros sectores críticos del Gobierno cubano.

Santiesteban vinculó el conflicto con las posiciones asumidas por dirigentes masones después de las protestas del 11 de julio de 2021. Según explicó, integrantes del grado 33 enviaron una carta a Miguel Díaz-Canel para expresar su desacuerdo con la orden de combate y los arrestos registrados durante la represión de aquellas manifestaciones.

El escritor también afirmó que las autoridades intentaron intervenir en la dirección de la organización y desplazar a José Ramón Viñas Alonso de sus responsabilidades.

Durante el juicio, denunció además la presencia de oficiales de la Seguridad del Estado dentro de la sala y un amplio despliegue de fuerzas uniformadas en los alrededores del tribunal.

Otro de los señalamientos de Santiesteban fue que medios oficiales difundieron información sobre el resultado del proceso antes de que terminara la lectura de la sentencia.

La defensa de los cuatro masones anunció que presentará un recurso de apelación dentro del plazo legal, una vez recibida formalmente la notificación del fallo.

Los condenados sostienen que las donaciones cuestionadas tenían un propósito benéfico y estaban destinadas a cubrir necesidades de los ancianos atendidos por la institución masónica.

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