Nicolás Maduro estaría utilizando la detención de ciudadanos extranjeros como estrategia para negociar su salida de Venezuela, ante la creciente posibilidad de una crisis política e institucional. Según diversas fuentes, turistas y residentes de países como Argentina, España, Estados Unidos, Uruguay y Perú han sido detenidos bajo cargos poco claros, en lo que parece ser un intento del régimen por garantizar un salvoconducto hacia países aliados, como Cuba o Rusia.

La tensión se ha intensificado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde el fraude electoral a favor de Maduro ha generado malestar social y político, principalmente tras el desplazamiento de los candidatos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, quienes obtuvieron el respaldo popular. Con su toma de posesión prevista para el 10 de enero de 2025, Maduro busca afianzar su control mientras enfrenta un panorama de inestabilidad.

Entre los detenidos destaca el caso de Agustín Nahuel Gallo, un gendarme argentino que ingresó a Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja. El régimen lo acusa de estar vinculado a actividades de espionaje, aunque su historial no sugiere ninguna relación con misiones oficiales o inteligencia. En respuesta, el gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha iniciado gestiones diplomáticas para obtener su liberación, aunque los esfuerzos se han visto obstaculizados por la falta de apoyo de Brasil, México y otros actores clave en la región.

El modus operandi del régimen no es nuevo. En el pasado, Maduro utilizó a ciudadanos estadounidenses detenidos como moneda de cambio para asegurar la liberación de su testaferro Alex Saab, extraditado a Estados Unidos por cargos de corrupción. Ahora, se teme que un escenario similar se repita, esta vez como parte de una negociación que permitiría al dictador huir del país junto a su círculo cercano.

El caso de los detenidos extranjeros ha puesto de manifiesto el deterioro de las relaciones internacionales de Venezuela y las fracturas ideológicas en América Latina. Mientras tanto, las familias de los detenidos enfrentan un limbo de incertidumbre, mientras los gobiernos involucrados evalúan las acciones necesarias para garantizar su liberación.

Maduro parece apostar por esta estrategia de presión y extorsión, aprovechando la situación política en Estados Unidos, donde la transición presidencial ha limitado la capacidad de respuesta de la administración Biden. Si la crisis política en Venezuela se profundiza, los detenidos extranjeros podrían convertirse en piezas clave en el tablero de negociación del régimen.

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