Una grave denuncia por violencia física, psicológica y amenazas ha sacudido al municipio Boyeros, en La Habana, donde Cindy de la Caridad Rey Estévez, de 28 años, vive atrapada en un escenario de maltrato continuado junto a su hija de 8 años. A pesar de múltiples llamados a las autoridades, ninguna institución ha aplicado medidas de protección efectivas, dejando a ambas en un riesgo crítico que podría terminar de la peor manera.

Cindy reside en la vivienda ubicada en Calle 166A No. 34912, entre 349 y Final, Reparto Primero de Mayo, junto al padre de la niña: un hombre de 68 años con quien únicamente mantiene un vínculo legal. Aunque no existe relación de pareja desde hace años —duermen en camas separadas y no conviven afectivamente—, la falta de alternativas habitacionales las obliga a continuar bajo el mismo techo.

La niña, diagnosticada con gastritis, inflamación del duodeno y mala absorción intestinal, es extremadamente vulnerable a los episodios de tensión. Cada conflicto desencadena vómitos, inapetencia y crisis gastrointestinales que requieren calma y estabilidad, algo imposible en un ambiente regido por el miedo.

Desde hace años, Cindy denuncia agresiones físicas y verbales. Aunque ha acudido reiteradamente a las estaciones policiales, el patrón es el mismo: el agresor modera temporalmente su conducta y luego retoma los insultos, golpes y amenazas.

El episodio más reciente ocurrió cuando el hombre, molesto por haber cuidado a la niña enferma durante la jornada laboral de Cindy, inició una discusión que terminó en agresión física.

La joven, que padece hemiparesia izquierda desde el nacimiento, tiene movilidad limitada y no puede defenderse.

Su único recurso es pedir ayuda a gritos. Pero incluso eso se vuelve inútil cuando la comunidad respalda al agresor, la tilda de “loca” y evita intervenir.

Peor aún, un vecino acudió a su casa para amenazarla directamente, advirtiendo que buscaría a una mujer para “mandarla para terapia”, una intimidación que incrementa el peligro. Cuando volvió a la policía para denunciar el hecho, nuevamente se negaron a tomarle la declaración. Solo registraron su teléfono, alegando “investigación”, sin ofrecer resguardo ni apoyo institucional.

La situación se agrava porque Cindy perdió su trabajo al no tener quién cuide a su hija, quedando en total indefensión económica. La Dirección Municipal de la Vivienda le informó que, debido al matrimonio legal, no puede exigir la salida del agresor del domicilio, pese a que ella posee un poder de propiedad sobre la casa.

Expertos advierten que este es precisamente el tipo de caso que suele tener un desenlace fatal: mujeres que piden auxilio reiteradamente, son ignoradas por las instituciones y terminan siendo asesinadas por sus agresores. Cuba acumula numerosos hechos de violencia machista donde la frase “nadie hizo nada a tiempo” se repite como un eco doloroso.

El llamado de alerta es urgente. Cindy y su hija podrían convertirse en otra estadística silenciada si no se actúa de inmediato. Hoy todavía queda tiempo para una intervención; después, solo quedará lamentar y ofrecer condolencias.

La vida de una madre y una niña está en peligro. Es ahora cuando deben actuar.

Fuente: Ildelisa Diasniurka Saledo.

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