La familia del creador de contenido cubano Eduardo Ceballos atraviesa horas de profunda angustia tras conocer que el joven podría enfrentar una condena de hasta 30 años de cárcel por presuntos delitos vinculados a la Seguridad del Estado. Su madre denunció públicamente que las autoridades han escalado las acusaciones en su contra después de que publicara un video sobre una antigua instalación militar aparentemente abandonada, un caso que ha despertado preocupación entre activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos dentro y fuera de Cuba.

La situación judicial del influencer cubano Eduardo Ceballos, reconocido por el popular canal satírico Despingovery Channel, ha generado una ola de reacciones luego de que trascendiera que podría ser procesado por un delito relacionado con la revelación de información considerada sensible para la Seguridad del Estado.

La denuncia fue realizada por su madre, Marieta Pérez Alfaro, quien aseguró que las autoridades han endurecido significativamente los señalamientos contra su hijo desde su detención a inicios de junio. Según relató, la familia recibió inicialmente información de que el caso estaría vinculado a una presunta violación de una instalación militar, pero posteriormente conocieron que la acusación podría derivar en un proceso mucho más severo ante la justicia militar.

El creador digital fue arrestado el pasado 1 de junio en La Habana durante un operativo policial. De acuerdo con familiares, la detención ocurrió sin previo aviso y sin que se ofrecieran detalles claros sobre las razones del procedimiento. Días después fue trasladado al Combinado del Este, una de las prisiones de mayor seguridad del país.

La controversia surgió tras la publicación de un video en redes sociales donde Ceballos recorría una antigua instalación militar que, según mostró en las imágenes, parecía encontrarse en estado de abandono. En el material audiovisual podían observarse estructuras asociadas a la época de la Guerra Fría, incluidos antiguos sistemas de defensa y búnkeres.

Organizaciones independientes dedicadas a la defensa de los derechos humanos han cuestionado la actuación de las autoridades y han señalado posibles irregularidades en el proceso. También han advertido sobre la utilización de figuras penales relacionadas con la seguridad nacional en casos que involucran a comunicadores, periodistas o creadores de contenido críticos.

Para la madre del joven, la magnitud de las acusaciones refleja un intento de enviar un mensaje de advertencia a otros ciudadanos que utilizan las redes sociales para documentar o comentar la realidad cubana. Asegura que su hijo únicamente realizaba contenido audiovisual de carácter informativo y humorístico.

Mientras continúan las investigaciones, familiares y simpatizantes mantienen una campaña de apoyo para exigir transparencia en el proceso. El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión en Cuba y el creciente escrutinio que enfrentan los creadores digitales en la isla.

Fuente: Reporteros sin fronteras

Telemundo 51

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