La cubana Maylen María Díaz Delgado, madre de la menor Brenda María Díaz, ha dirigido una carta pública y formal a las máximas autoridades del país para exigir la revisión de una sentencia judicial que, según denuncia, pone en riesgo la seguridad de su hija y vulnera los derechos de los niños en Cuba.

La misiva está dirigida al Tribunal Supremo Popular, al Consejo de Ministros, al Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y al Ministro de Justicia, Óscar Manuel Silvera Martínez.

En la carta, Díaz Delgado cuestiona la decisión tomada en la causa 60 de 2023, en la que el tribunal de Camagüey condenó al padre de su hija a cuatro años de privación de libertad por abusos sexuales continuados contra la menor.

La sanción accesoria impuesta fue la restricción temporal de la responsabilidad parental por solo tres años, lo que permitiría al agresor reclamar nuevamente sus derechos sobre la niña una vez cumplido ese plazo.

La madre considera que esta disposición es “absolutamente irresponsable y contraria al interés superior del menor”, pues deja a su hija expuesta a un riesgo futuro.

Argumenta que la legislación cubana —incluyendo la Constitución de la República, el Código Penal y el Código de las Familias— establece que, en casos de delitos sexuales cometidos contra hijos menores, la responsabilidad parental debe extinguirse de forma permanente.

Maylen recuerda además que Cuba es signataria de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos marcos jurídicos que obligan al Estado a garantizar la protección integral de la niñez y a evitar cualquier forma de revictimización.

“Esta sentencia es defectuosa e incongruente, protege al criminal y no a la víctima”, afirma en la carta, subrayando que no solo se ha violado la ley nacional, sino también compromisos internacionales asumidos por el país.

Como madre, ciudadana y creyente en la justicia, Maylen María Díaz Delgado pide que se corrija el fallo y se prive definitivamente al agresor de la patria potestad, para garantizar la seguridad y estabilidad emocional de su hija. “Llevo tres años luchando incluso contra las instituciones que debían protegerla. Es hora de poner fin a esta situación”, escribe.

Su denuncia apunta también a una contradicción que golpea a muchas familias en Cuba: mientras se aplican sanciones severas a quienes ejercen la crítica social o política, las penas contra depredadores sexuales de menores resultan insuficientes, dejando desprotegidas a las víctimas.

Con esta carta, Díaz Delgado busca que su caso no quede en la impunidad y que se sienten precedentes que refuercen la protección de la infancia en el país.

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