Yaumara Martínez, residente en Thonotosassa, Tampa Bay, Florida, lleva casi un año sin poder reunirse con su hijo Kevin, de 16 años y con autismo, debido a restricciones migratorias que complican la entrada de familiares desde Cuba.

Martínez, técnica de uñas, esperaba traer a Kevin a Estados Unidos para ofrecerle mejores cuidados, pero una orden de restricción de viajes firmada en junio por el presidente Donald Trump, conocida como Proclamación 10949, impide que residentes permanentes legales como ella puedan traer a familiares desde varios países, entre ellos Cuba y Venezuela.

La prohibición permite solo la entrada a cónyuges, padres e hijos menores de 21 años de ciudadanos estadounidenses, pero Yaumara no es ciudadana, sino residente permanente desde 2023. “Pensábamos que ya estábamos cerca, que después de tantos años finalmente estaríamos juntos”, comentó mientras miraba fotos de momentos con su hijo, “ahora todo está congelado, no puedo traerlo”.

Kevin vive en una zona rural de Pinar del Río bajo el cuidado de la abuela, quien también atiende a su madre anciana, y enfrenta limitaciones para recibir terapias especializadas que su condición requiere. Según Martínez, “mi hijo necesita terapia y cuidados, pero más que nada, me necesita a mí”.

La familia presentó una petición familiar tras el matrimonio de Martínez en 2022; su esposo, residente de EE.UU. desde hace 20 años, solicitó traer a Kevin. En aquel entonces, estimaban un proceso de aproximadamente dos años, pero ahora los tiempos se extienden hasta 53 meses o más, debido a un récord de más de 11 millones de casos pendientes en el sistema migratorio, según el grupo Boundless Immigration.

La aplicación más estricta de las políticas migratorias de la administración Trump ha generado un aumento en deportaciones y mayores restricciones para cubanos, afectando particularmente a quienes intentan reunirse con sus familias en EE.UU. Florida alberga cerca de 1,6 millones de residentes de origen cubano, lo que representa alrededor del 7 % de la población estatal.

Lisette Sánchez, abogada de inmigración de Martínez, presentó en 2024 una solicitud para acelerar el caso, acompañada de documentos médicos y detalles familiares, pero fue rechazada. La prohibición de viaje permanece vigente y será revisada cada seis meses, aunque no hay un plazo claro para resolver casos como el de Kevin.

El esposo de Martínez aún no ha solicitado la ciudadanía estadounidense por no cumplir el requisito del idioma, lo que impide acelerar la petición familiar bajo la categoría de ciudadanos. “Nunca he querido hacer nada ilegal, he seguido todas las reglas”, señaló Martínez. “No hay más nada que presentar, el gobierno cerró todas las puertas”.

Con la esperanza de cambiar su situación, Yaumara estudia para obtener la ciudadanía y así poder reabrir el proceso de reunificación familiar.

Sánchez critica que, a pesar del discurso oficial a favor de la inmigración legal, las acciones dificultan la reunificación de familias como la de Martínez. “Estamos hablando de un niño con una discapacidad severa y un hogar estable que lo espera. ¿Qué más quieren?”, expresó.

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