Una corte federal de Miami celebrará mañana jueves una audiencia clave en una demanda presentada por 992 cubanos que buscan que Estados Unidos reconozca las condiciones bajo las cuales fueron admitidos al país y puedan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

La jueza Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, escuchará los argumentos del caso Bello-Rubio vs. Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un proceso que podría sentar un precedente para cientos de miles de cubanos que ingresaron a Estados Unidos después del fin de la política de “Pies secos, pies mojados”.

La audiencia de mañana jueves en Miami adquiere especial importancia porque los abogados de los demandantes pretenden que el proceso sea certificado como una demanda de acción colectiva. De conseguirlo, la decisión podría beneficiar a otros cubanos que se encuentren en circunstancias migratorias similares.

Según la información difundida por la agencia EFE, entre 500.000 y 600.000 cubanos llegaron a Estados Unidos durante los últimos años, muchos de ellos a través de la frontera con México, y recibieron el formulario I-220A, conocido como documento de libertad bajo palabra.

El problema radica en que las autoridades migratorias estadounidenses no consideran el I-220A equivalente al parole utilizado para determinados procesos migratorios. Esta diferencia ha impedido que numerosos cubanos puedan solicitar la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano después de permanecer legalmente un año en Estados Unidos.

Los demandantes sostienen que la forma en que fueron procesados al ingresar al país debe ser reconocida para permitirles acceder a las protecciones contempladas por la legislación cubana-estadounidense.

Uno de los afectados, identificado como Alan, expresó su temor ante la posibilidad de una deportación y la separación de su familia. El cubano llegó a Estados Unidos por la frontera mexicana y considera la audiencia de Miami una oportunidad para que los afectados puedan defender sus casos.

El abogado Mark Prada, uno de los representantes de los demandantes, explicó que el objetivo inicial es lograr la certificación de diferentes grupos de cubanos afectados por la manera en que fueron procesados en la frontera.

El Gobierno estadounidense, por su parte, solicitará que la demanda sea desestimada.

El caso llega a los tribunales en un momento de mayor presión migratoria sobre los cubanos. Un análisis del Instituto Cato citado en la información señala que los arrestos migratorios de ciudadanos de la isla aumentaron considerablemente durante el primer año de la actual administración, mientras que las aprobaciones de tarjetas de residencia para este grupo se redujeron de manera drástica.

Paralelamente, otro litigio involucra a 143 cubanos que demandaron a USCIS por retrasos de hasta tres años en la resolución de solicitudes de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano. El proceso se desarrolla en el Distrito Medio de Florida, en Tampa.

La audiencia prevista mañana jueves en Miami no garantiza la obtención inmediata de la residencia para los demandantes, pero sus abogados consideran que conseguir que el caso avance como acción colectiva representaría un primer paso para miles de cubanos que permanecen en un prolongado limbo migratorio.

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