Este miércoles, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York llevará a cabo una audiencia clave que podría alterar el destino migratorio de miles de cubanos residentes en Estados Unidos. El caso involucra a los inmigrantes que fueron procesados con el formulario I-220A tras ingresar por la frontera sur del país. Esta audiencia podría sentar un precedente legal importante en relación con la Ley de Ajuste Cubano (CAA).

El abogado Mark Prada lidera la batalla legal para que el I-220A sea reconocido como un registro de admisión válido, lo que permitiría a los solicitantes, tras un año y un día de presencia en Estados Unidos, solicitar la residencia permanente. La Ley de Ajuste Cubano, vigente desde 1966, permite este proceso a quienes hayan sido admitidos formalmente o hayan recibido un parole.

El caso que se debatirá es el de Aguilar Díaz, quien fue rechazado para la residencia debido a un fallo previo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), que determinó que el formulario I-220A no constituía un parole, y por ende, no otorgaba elegibilidad para la regularización migratoria.

Prada argumenta que los migrantes detenidos en la frontera no tienen derechos a solicitar fianza y que el parole es la única forma legal para que puedan ser liberados. Si el tribunal decide a favor de los demandantes, este fallo podría tener repercusiones significativas, extendiéndose más allá de Nueva York, Connecticut y Vermont, y afectando a más de 400,000 cubanos que se encuentran en un limbo migratorio, con solicitudes de asilo pendientes o bajo amenaza de deportación.

Este litigio se produce solo un mes después de una audiencia similar en el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito en Atlanta, donde Prada también presentó un caso relacionado con personas procesadas con el formulario I-220A. En ese caso, la defensa argumentó que muchos cubanos fueron clasificados erróneamente como no elegibles para la Ley de Ajuste Cubano debido a este tipo de procesamiento.

Aunque la decisión del Segundo Circuito podría tardar semanas o meses, el resultado de este litigio es visto como crucial por los abogados y activistas migratorios. Un fallo favorable permitiría a los cubanos con I-220A ajustar su estatus y obtener la residencia permanente, mientras que una negativa consolidaría una línea jurisprudencial restrictiva, dejando a miles de personas en una situación de incertidumbre legal prolongada.

La audiencia genera gran expectación, con manifestaciones de apoyo en ciudades como Miami, donde familias cubanas siguen esperando una resolución que les brinde estabilidad legal y la posibilidad de un futuro mejor en Estados Unidos.

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