La prospección minera vuelve a colocarse en el centro de la agenda económica cubana tras la aprobación de una nueva concesión estatal para la búsqueda de oro en el oriente del país. La decisión fue oficializada mediante una Gaceta Oficial extraordinaria y confirma el interés del Gobierno en impulsar la exploración de recursos minerales como vía para generar ingresos en medio de la crisis económica.

El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros dio luz verde a la solicitud presentada por el Ministerio de Energía y Minas y otorgó la concesión a la Empresa Geominera de Camagüey. El acuerdo fue adoptado el 17 de diciembre de 2025 y lleva la firma del primer ministro Manuel Marrero Cruz, amparado en la Ley de Minas vigente desde 1994.

La autorización permite realizar trabajos geológicos durante un período inicial de tres años en un área denominada Villa María–Las Tunas, ubicada en los municipios de Jobabo y Las Tunas, dentro de la provincia de Las Tunas. El territorio concedido abarca unas 5.600 hectáreas y estará destinado exclusivamente a la investigación del mineral oro, con vistas a determinar si existen condiciones para avanzar posteriormente hacia una fase de exploración más profunda.

Según el texto oficial, la zona fue evaluada previamente y considerada compatible tanto con los intereses de la defensa nacional como con los criterios ambientales. No obstante, antes de iniciar cualquier actividad, la empresa concesionaria deberá obtener la correspondiente licencia ambiental y cumplir estrictas regulaciones relacionadas con la protección de cauces, el manejo de residuos y la prevención de daños al manto freático.

El acuerdo también establece obligaciones adicionales, como la rehabilitación de las áreas intervenidas, la adopción de medidas de seguridad física y contra incendios, y la coordinación con autoridades militares, agrícolas y locales. Asimismo, la empresa estará obligada a presentar informes trimestrales sobre el avance de los trabajos y un reporte final con los resultados obtenidos, parte del cual podrá declararse confidencial previa solicitud.

Durante la vigencia de la concesión no se autorizarán otros permisos para la prospección de oro en la misma zona. El canon anual fijado es de dos pesos por hectárea en fase de prospección y cinco pesos por hectárea en caso de exploración. Conforme a la legislación minera cubana, estas actividades tendrán prioridad sobre otros usos del suelo, una disposición que vuelve a generar debate sobre el impacto ambiental y social de la minería en la Isla.