La presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, en la Facultad de Ciencias Médicas de Camagüey, Rosangel Margarita Fornier Arrieta, amenazó con represalias a quienes no asistan al denominado “Día de la Defensa”. Según reporta el periodista José Luis Tan, esta situación refleja un patrón en el que la organización universitaria que, en teoría, debería representar los intereses del estudiantado, actúa como un brazo de presión del poder.

“Obligar a los jóvenes a asistir, bajo intimidación, no es formación cívica: es adoctrinamiento”, señala Tan, describiendo cómo esta práctica se ha repetido en otras universidades, incluida la Universidad de Camagüey. Los estudiantes se ven forzados a participar en eventos oficiales, con la amenaza de sufrir consecuencias académicas o administrativas si deciden no acudir, lo que convierte a la FEU en un mecanismo de control y miedo en lugar de ser un espacio de representación estudiantil.

Lo que llama la atención es la contradicción que se observa en muchos de estos casos pues los mismos estudiantes que obligan a participar a sus compañeros en estas actividades oficiales son los que a la primera oportunidad, emigran o se trasladan a Miami, disfrutando de libertades que antes criticaban. José Luis Tan subraya que este fenómeno es un ejemplo del doble estándar que caracteriza estas dinámicas de coerción.

El llamado “Día de la Defensa”, cuya finalidad oficial es "promover la conciencia cívica y la preparación política de los jóvenes", se percibe por los estudiantes como una obligación que vulnera su libertad de decisión. La presión ejercida por Fornier Arrieta genera malestar y temor en el estudiantado, que se encuentra en una encrucijada entre cumplir con las demandas institucionales o asumir posibles sanciones.

La actuación de la FEU en este contexto dista mucho de su función original y de los principios de representación estudiantil: “La FEU, que en teoría representa los intereses del estudiantado, actúa una vez más como un brazo de presión del poder, traicionando su función original”.

La situación pone de relieve la delicada relación entre estudiantes y organismos oficiales en Cuba, donde el cumplimiento obligatorio de actos políticos y cívicos puede convertirse en una herramienta de control más que en un instrumento educativo. La comunidad estudiantil enfrenta así un dilema ético y personal frente a un sistema que limita su libertad de decisión.

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