La decisión de liberar bajo fianza a Secarlos Brown Jr., de 34 años, ha provocado conmoción e indignación en Charlotte, Carolina del Norte, luego de que el hombre fuera arrestado por el asesinato de Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana de 23 años, el pasado 22 de agosto.

Brown, con un historial que incluye al menos 14 arrestos desde 2007 por agresión, amenazas y posesión ilegal de armas, había sido liberado meses atrás sin necesidad de pagar fianza, tras firmar una promesa de comparecer ante el tribunal. La joven, quien llegó a Estados Unidos en 2022 tras huir de la invasión rusa en Ucrania y trabajaba en una pizzería local, fue apuñalada en un tren de la ciudad en un ataque captado por cámaras de seguridad.

El caso ha desatado críticas hacia el sistema judicial, especialmente hacia la jueza magistrada Teresa Stokes, quien permitió la liberación de Brown. Diez congresistas republicanos de Carolina del Norte enviaron una carta solicitando su destitución, calificando la decisión como un “incumplimiento deliberado de sus deberes” que derivó en una tragedia prevenible. Además, piden una revisión exhaustiva de sus anteriores decisiones sobre fianzas para evaluar posibles fallas sistemáticas.

La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, inicialmente había pedido comprensión hacia personas con enfermedades mentales, pero ante la indignación pública reconoció que se trató de un “fracaso de los tribunales y magistrados” que compromete la seguridad ciudadana. A través de redes sociales, la alcaldesa enfatizó la necesidad de soluciones bipartidistas para controlar a reincidentes y ofrecer tratamiento a quienes lo requieren.

Familiares del acusado habían advertido previamente sobre su delicado estado mental. Su madre declaró al canal WSOC que su hijo padecía esquizofrenia y “nunca debió estar en las calles”. Según los registros policiales, Brown se encontraba sentado frente a Zarutska antes de apuñalarla repentinamente, sin provocación.

El caso también ha trascendido al ámbito nacional. El presidente Donald Trump mencionó el crimen durante un acto en Washington, señalándolo como un ejemplo de la urgencia de enfrentar con firmeza a “gente malvada”.

La comunidad de Charlotte, autoridades locales y legisladores coinciden en que este caso evidencia la necesidad de revisar los criterios de liberación bajo fianza, especialmente cuando se trata de individuos con historial criminal extenso y problemas psiquiátricos. Mientras tanto, Brown enfrenta cargos por asesinato en primer grado, y su liberación previa continúa siendo objeto de debate público y político.

Fuente: El Diario

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