La ex jueza Verónica Singler y su esposo Roberto Évora, quien fuera jefe de la Policía en el municipio de Sagua la Grande, en la provincia de Villa Clara, Cuba, se encuentran actualmente residiendo en Miami, Florida.

Ambos fueron durante años militantes activos del Partido Comunista de Cuba y según denuncias de ciudadanos cubanos en el exilio, habrían sido participantes directos en actos de represión durante su ejercicio profesional en la Isla.

Verónica Singler se desempeñó como jueza del tribunal municipal de Sagua la Grande. Durante su tiempo en funciones, es señalada por supuestamente haber dictado sentencias motivadas políticamente, especialmente contra opositores al régimen o personas acusadas de “desacato” o “propaganda enemiga”, cargos comúnmente utilizados para silenciar voces críticas en Cuba.

Roberto Évora, como jefe de la Policía, habría estado implicado en detenciones arbitrarias, interrogatorios intimidatorios y vigilancia a activistas o ciudadanos con posturas contrarias al gobierno cubano.

Residentes de Sagua la Grande que hoy viven en el exilio, principalmente en Estados Unidos, han identificado públicamente a la pareja y expresan su indignación por el hecho de que personas con un historial vinculado a la represión política hayan logrado establecerse en territorio estadounidense.

A través de redes sociales, cartas abiertas y campañas comunitarias, solicitan a las autoridades migratorias de EE. UU. que se investigue a fondo el pasado de Singler y Évora, evaluando si su entrada al país se realizó bajo información falsa o incompleta.

Este no es un caso aislado. En los últimos años, han surgido múltiples denuncias similares contra antiguos funcionarios del régimen cubano que han emigrado y hoy residen fuera de la isla.

Por ejemplo, en 2021, se reportó el caso de un ex agente de la Seguridad del Estado identificado en Tampa, Florida, cuyo pasado represivo fue expuesto por la comunidad cubana local. Situaciones como estas han generado llamados a endurecer los procesos de revisión de antecedentes para inmigrantes provenientes de regímenes autoritarios.

La comunidad exiliada considera que permitir que individuos señalados por violaciones a los derechos humanos vivan en libertad en países democráticos representa una burla a quienes sufrieron injusticias bajo su autoridad. Por ello, insisten en que la justicia internacional y las leyes migratorias deben actuar con firmeza ante estos casos.

© LaTijera

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