La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump está considerando una polémica propuesta para expulsar del país a ciudadanos estadounidenses con antecedentes penales, enviándolos a prisiones en El Salvador, pese a la falta de base legal clara para tal medida.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, declaró el martes que la administración está explorando posibles vías legales para implementar la idea. “Estamos hablando de criminales violentos y reincidentes que han violado repetidamente nuestras leyes. No estamos seguros de que exista un marco legal para esto, pero el presidente ha querido debatirlo abiertamente”, afirmó.

La propuesta, en etapa preliminar, se centraría inicialmente en personas condenadas por delitos graves, aunque el propio Trump ha sugerido la posibilidad de incluir a quienes cometan infracciones menores. “Si es legal, lo haré”, dijo Trump el domingo durante un encuentro informal con la prensa a bordo del Air Force One, añadiendo que sería “un honor” enviarlos al presidente salvadoreño Nayib Bukele, a quien considera un aliado clave.

Trump también retomó esta idea tras los disturbios registrados en marzo, cuando varios vehículos Tesla fueron incendiados en protesta por la creciente influencia del empresario Elon Musk en su administración. Musk encabeza el Departamento de Eficiencia Gubernamental, un ente creado por Trump y conocido por implementar recortes masivos a agencias federales. “Espero que esos matones terroristas pasen 20 años en prisión por lo que hicieron”, escribió Trump en redes sociales, insinuando que podrían cumplir condena en las cárceles salvadoreñas, famosas por su dureza.

La propuesta forma parte de un plan más amplio que ha incluido la deportación de inmigrantes considerados peligrosos. Según funcionarios, varios aviones con inmigrantes —mayoría hombres venezolanos acusados de vínculos con pandillas— fueron enviados recientemente a El Salvador y permanecen detenidos. Sin embargo, algunos informes judiciales sugieren que varios de ellos fueron deportados sin derecho a defensa legal y temen ser víctimas de las mismas pandillas que se les acusa de integrar.

Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar estas expulsiones, al designar a la pandilla Tren de Aragua como una potencia hostil. No queda claro si intentaría aplicar esa misma legislación para expulsar a ciudadanos estadounidenses, lo que inevitablemente provocaría desafíos legales.

Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han reaccionado con preocupación, señalando que la medida violaría principios constitucionales básicos, como el derecho al debido proceso. “Expulsar a un ciudadano estadounidense de su propio país, sin importar su historial criminal, es una línea que no se puede cruzar legalmente”, advirtieron varios juristas.

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