La provincia de Las Tunas cerró el año con una tasa de mortalidad infantil de 8,7 fallecidos por cada mil nacidos vivos, un indicador que, aunque las autoridades sanitarias insisten en calificar como “por debajo de la media nacional”, revela una realidad alarmante en un territorio marcado por la escasez, el deterioro del sistema de salud y el colapso social que vive Cuba.

Desde el discurso oficial, el régimen intenta amortiguar el impacto de estas cifras apelando a factores externos: brotes de arbovirosis como el chikungunya, enfermedades transmisibles, condiciones sociales adversas y hasta accidentes domésticos. Sin embargo, el énfasis constante en las justificaciones contrasta con una verdad ineludible: cada punto en la tasa representa vidas perdidas en un sistema que se proclama garante de la salud materno-infantil.

El propio director provincial de Salud, Ariel Guevara Bringa, reconoció públicamente la “insatisfacción” con los resultados, aunque defendió el desempeño del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI). Según sus declaraciones, Las Tunas tuvo menos nacimientos que el año anterior, lo que paradójicamente agrava el impacto estadístico de cada fallecimiento. Pero más allá del dato técnico, la reducción de nacimientos también es síntoma de un país donde traer hijos al mundo se ha convertido en un riesgo y una carga imposible para muchas familias.

Entre las causas señaladas por las autoridades figura el alto índice de bajo peso al nacer, estrechamente ligado a la pobreza, la mala alimentación y la falta de medicamentos. Aunque el discurso oficial destaca una ligera reducción de estos casos, admite que más de 200 bebés nacieron en esa condición, un número elevado para una provincia con apenas poco más de tres mil nacimientos en el año. La hipertensión en el embarazo, la anemia y los partos pretérmino son tratados como problemas clínicos, sin reconocer que detrás de ellos hay hambre, estrés y precariedad cotidiana.

Otro elemento que desnuda la crisis es el aumento de embarazos adolescentes con complicaciones graves, así como la persistencia de abortos ilegales, responsables incluso de muertes maternas. La falta de anticonceptivos, reconocida por las propias autoridades, vuelve a evidenciar las contradicciones de un sistema que promete protección integral mientras no logra garantizar insumos básicos.

Particularmente revelador resulta el reconocimiento de cinco muertes de lactantes por accidentes en el hogar, un hecho inusual en la provincia. Desde el enfoque oficial, el problema se reduce a la necesidad de “más educación sanitaria”, pero se omite que muchas familias sobreviven en viviendas deterioradas, sin condiciones mínimas de seguridad y bajo una presión económica constante.

En lugar de asumir responsabilidades estructurales, el régimen insiste en resaltar el “esfuerzo del personal de salud”, la entrega de los profesionales y los planes de trabajo futuros. Sin negar el sacrificio de médicos y enfermeros —muchos de ellos también enfermos y exhaustos—, la realidad es que la mortalidad infantil en Las Tunas no es un accidente estadístico, sino una consecuencia directa del deterioro del modelo sanitario y social cubano.

Mientras el discurso oficial habla de control, planes y prioridades, las cifras siguen creciendo y las explicaciones se repiten. En ese contraste entre propaganda y realidad, las familias tuneras continúan pagando el precio más alto: la pérdida de sus hijos en los primeros días de vida.

Fuente: Periódico 26

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