El régimen cubano mantiene su política de represión sistemática y, según el último informe de la ONG Prisoners Defenders, el país registra 1.185 presos políticos, cifra récord que refleja la magnitud del control sobre la disidencia. Durante septiembre se documentaron 13 nuevas detenciones arbitrarias, entre ellas menores y mujeres, mientras otros 13 prisioneros fueron excarcelados tras cumplir sus condenas.

Entre los exiliados recientes destacan José Daniel Ferrer y Luis Robles, quienes abandonaron Cuba para continuar su activismo desde el extranjero. Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), salió tras cumplir una condena de cuatro años y seis meses en Santiago de Cuba, donde enfrentó maltratos y torturas sin acceso a defensa independiente. Por su parte, Robles, conocido como “el joven de la pancarta”, logró exiliarse en España tras casi cinco años de persecución y encierro por manifestarse pacíficamente en La Habana. Durante su detención fue sometido a condiciones degradantes y falta de atención médica, según denuncia la ONG.

El informe destaca que la mayoría de los nuevos presos carece de actividad política conocida, incluyendo a menores como Eliane Martín, embarazada de 16 años, y Leroy Hernández Escalona, arrestados durante protestas por la falta de servicios básicos. Prisoners Defenders denunció la ausencia de información oficial sobre su paradero y estado de salud, señalando que estos casos evidencian el uso de castigos ejemplarizantes frente a manifestaciones sociales.

Desde julio de 2021, la isla ha registrado 1.895 personas encarceladas por motivos políticos, con un promedio de 13 nuevas detenciones al mes. Entre los presos se encuentran 36 menores de edad: 30 cumpliendo sentencia y seis procesados penalmente bajo medidas cautelares sin tutela judicial. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU alertó que al menos 410 menores cada año enfrentan detención en prisiones comunes o instalaciones del Ministerio del Interior en Cuba.

El informe también resalta la represión hacia las mujeres, con 125 bajo procesos o sentencias de motivación política, y los problemas médicos de los presos: 472 sufren enfermedades graves y 40 presentan trastornos mentales derivados de las condiciones carcelarias. Los detenidos se clasifican en 696 convictos de conciencia, 453 condenados de conciencia y 36 sujetos a procesos políticos desproporcionados. Las condenas por supuesta sedición superan los cinco años de cárcel, incluso en menores, superando las sanciones impuestas a adultos en etapas anteriores.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, denunció la falta de presión internacional sobre la dictadura cubana. Señaló la inacción de la Comisión Europea, condicionada por España, así como de Noruega, Canadá y otros países, lo que, según él, motivó a Ferrer a continuar su acción política desde el exilio. Criticó además la connivencia del gobierno español con los regímenes de Maduro y los Castro, destacando la ausencia de pronunciamientos públicos sobre la represión y los crímenes de lesa humanidad en la isla.

El informe concluye que Cuba continúa utilizando el encarcelamiento como herramienta de intimidación y control social, mientras familiares, activistas y organizaciones internacionales impulsan acciones para exigir la libertad de los presos políticos y la defensa de los derechos humanos en la isla. La situación de menores, mujeres y presos con problemas médicos resalta la urgencia de atención y la necesidad de presión internacional para frenar la represión.

La denuncia también enfatiza que la persistencia de este modelo represivo busca silenciar cualquier forma de protesta pacífica y mantener el control sobre la población, evidenciando que las políticas de encarcelamiento forman parte de una estrategia estructural de la dictadura para sofocar la disidencia y limitar la expresión ciudadana.

Fuente: Infobae

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