La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Relator Especial sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, Tomoya Obokata, ha emitido una contundente condena contra la práctica del trabajo forzoso en las cárceles cubanas, especialmente entre presos políticos. Esta declaración se basa en un informe presentado por la organización Prisoners Defenders, que revela detalles alarmantes sobre las condiciones a las que se ven sometidos los reclusos en la isla.

El informe destaca la persistencia de leyes y regulaciones en Cuba que permiten la imposición de trabajos obligatorios a los presos, especialmente aquellos que han sido encarcelados por expresar opiniones políticas o participar en protestas. Según Obokata, esto constituye una clara violación de los derechos humanos, subrayando la disparidad entre la legislación cubana y la dura realidad que enfrentan los reclusos.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, explicó en una entrevista con Infobae que el informe revela solo una pequeña muestra de los miles de presos políticos que son sometidos a trabajos forzosos en Cuba. Larrondo detalló cómo estos reclusos son obligados a participar en labores extremas como la producción de carbón vegetal de marabú y el corte de caña en la zafra azucarera, actividades que han sido una fuente de ingresos para el régimen cubano durante años.

Según el informe, más del 93% del carbón de marabú producido en Cuba se exporta a países como España, Grecia, Portugal, Italia y Turquía. Este producto se comercializa sin que los consumidores tengan conocimiento de su origen esclavista, lo que convierte a los compradores y gobiernos en cómplices involuntarios de esta forma de explotación.

El documento también describe nueve patrones de violación de derechos en los centros penitenciarios cubanos. Entre estos se encuentran la falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo, la ausencia de salarios legales, la imposición de jornadas laborales excesivas, y la explotación de menores de 16 y 17 años. Los reclusos son obligados a trabajar sin contratos, bajo la amenaza de represalias y sin formación adecuada para las tareas que realizan.

Larrondo enfatizó que este informe debe marcar un cambio en la forma en que Europa y el resto del mundo abordan el comercio de productos provenientes de trabajos forzosos en Cuba. Recordó que la Unión Europea ha aprobado recientemente una normativa que prohíbe la comercialización de productos elaborados en condiciones de trabajo forzoso, especialmente en el contexto del confinamiento penal. Esta legislación establece que cualquier trabajo realizado en prisión debe ser voluntario y beneficiar al recluso, en lugar de ser utilizado como un medio para degradar y explotar a las personas encarceladas.

El informe concluye que la explotación laboral en las cárceles cubanas es una forma de esclavitud moderna que afecta a sectores clave de la economía de la isla, como la producción de carbón de marabú y la zafra azucarera. Estos productos son luego comercializados en una veintena de países, la mayoría europeos, en violación de las leyes y normas internacionales. La ONU y Prisoners Defenders hacen un llamado a la comunidad internacional para que tome medidas urgentes contra esta práctica y exija el respeto de los derechos humanos en Cuba.

(Con información de infobae)

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