Estados Unidos deportó a Cuba a la jueza Melody González Pedraza, quien pasó 484 días detenida en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La funcionaria judicial, señalada por su papel represivo dentro del sistema de justicia cubano, había llegado a Tampa, Florida, en mayo de 2024 amparada por el programa de Parole Humanitario.

Sin embargo, las autoridades migratorias le negaron la entrada al país debido a su historial en la isla.

Posteriormente, González solicitó asilo político, un proceso que concluyó en mayo de 2025 con la denegación definitiva de su petición.

Antes de abandonar Cuba, González Pedraza ejercía como jueza y firmó sentencias que marcaron su nombre dentro de los expedientes represivos del régimen.

Entre ellas, se destaca un proceso judicial en el que cuatro jóvenes fueron condenados a penas de tres y cuatro años de prisión, tras ser acusados de lanzar cócteles molotov.

Organizaciones de derechos humanos y activistas cuestionaron aquel juicio por la ausencia de garantías procesales, calificándolo como un ejemplo de la justicia parcializada al servicio del poder político.

Las denuncias realizadas por exiliados cubanos en Estados Unidos fueron determinantes para que se analizara su historial y, finalmente, se ejecutara la deportación.

No solo González fue devuelta a la isla, sino también su esposo y su hermano, ambos con vínculos directos con el aparato estatal cubano.

De este modo, la exjueza regresa al mismo país que defendió desde su estrado, con el peso de haber sido identificada como parte de la maquinaria represiva del castrismo.

Para muchos, su caso representa un precedente en torno a la revisión de antecedentes de quienes intentan ingresar a Estados Unidos bajo programas humanitarios, mientras se exige que no se brinde refugio a quienes en el pasado sirvieron como piezas del engranaje represivo.

La información fue dada a conocer por Martí Noticias a través de su perfil en Facebook.

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