Rodrigo Fernández Olivera, residente en el municipio Diez de Octubre, lleva meses exigiendo la reparación del teléfono fijo de dos ancianas a su cargo. El servicio dejó de funcionar en febrero y, desde entonces, lo único que ha recibido son promesas incumplidas por parte de la estatal ETECSA.

El caso, que fue expuesto públicamente en la sección Acuse de Recibo del periódico oficialista Juventud Rebelde, es solo uno entre miles en La Habana, donde los ciudadanos viven a la espera de soluciones básicas mientras la empresa anuncia ganancias millonarias.

En varias ocasiones, Rodrigo acudió personalmente a las oficinas de ETECSA. Fue atendido por varios funcionarios, incluidos Erik, jefe de Operaciones y luego por José Luis Mederos, jefe de Planta Exterior, quien prometió resolver el problema en 72 horas. Esa promesa tampoco se cumplió. Ni siquiera una visita al domicilio afectado se llegó a concretar. “No hay sensibilidad, no hay respeto por el cliente, mucho menos si es un anciano sin celular. Es como si no existieran”, denunció Rodrigo.

Mientras los ciudadanos hacen colas, reclaman y esperan en vano, ETECSA acumula cifras multimillonarias. Desde el aumento de tarifas en mayo, la empresa recaudó más de 24 millones de dólares en apenas 46 días, es decir, más de medio millón de dólares diarios. El objetivo oficial del tarifazo era "incentivar las recargas del exterior" y controlar el consumo interno, pero lo que más creció fue el malestar ciudadano.

Las redes sociales se llenaron de críticas por la escasa calidad del servicio y la aparente falta de inversión real en infraestructura.

“¿Dónde va el dinero?” se preguntan los usuarios, que también enfrentan fallos en la conectividad, largas interrupciones del servicio y una atención deficiente al cliente. En medio de la crisis energética, ETECS ha prometido que sus nuevas baterías en radiobases asegurarán Internet durante los apagones.

Pero lo cierto es que la empresa no logra resolver ni una simple avería telefónica y mucho menos garantiza el derecho a la comunicación de los más vulnerables.

Este caso no es una excepción: es un reflejo del modelo de gestión de una empresa que opera sin competencia, sin transparencia y, al parecer, sin urgencia.

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