La publicación de la sentencia a cadena perpetua contra el exministro de Economía cubano, Alejandro Gil Fernández, ha desatado una nueva oleada de reacciones dentro y fuera de la Isla. Su hermana, la presentadora de televisión María Victoria Gil, radicada en España, aseguró que este fallo no marca el final del proceso, sino el inicio de una ofensiva jurídica que incluirá apelaciones ante las instancias cubanas y, posteriormente, una demanda ante organismos internacionales.

Según explicó en declaraciones a medios independientes, la defensa prepara ya el recurso de apelación correspondiente, y una vez agotado el camino dentro de Cuba, acudirán a cortes internacionales para denunciar lo que consideran un juicio político, plagado de irregularidades y sin evidencias contundentes. María Victoria subrayó que su hijo, abogado en Europa, se sumará activamente al equipo que acompañará la estrategia jurídica de la familia.

Para la hermana del exministro, uno de los puntos más alarmantes de la sentencia es la acusación de espionaje, un cargo que asegura nunca ha visto sustentado con pruebas verificables. Reclama, además, acceso a una sentencia completa y detallada, pues considera que la información divulgada por las autoridades es insuficiente y ambigua. “Pueden acusar a cualquiera sin ofrecer hechos concretos. Eso no es justicia”, afirmó.

La presentadora insiste en que Alejandro Gil no obtuvo bienes ilícitos y fue convertido en un chivo expiatorio en medio de una pugna interna dentro del poder cubano. Según su criterio, la sentencia estaba prácticamente definida antes de iniciarse el juicio, lo que revela —a su juicio— un proceso motivado por tensiones y ajustes de cuentas dentro de la cúpula oficial.

María Victoria también sospecha que los familiares directos del exministro en Cuba podrían estar siendo presionados para evitar pronunciamientos públicos, lo cual explicaría el silencio y la distancia que han mantenido desde que comenzó el proceso.

La nota oficial del Tribunal Supremo detalló que Gil fue considerado culpable de múltiples delitos, entre ellos espionaje, cohecho, tráfico de influencias, falsificación de documentos, evasión fiscal y violación de normas sobre materiales clasificados. Según la versión oficial, utilizó su cargo para obtener beneficios personales, manipular procesos y comprometer información sensible del Estado.

A pesar de la contundencia de la sentencia, la familia rechaza todas las acusaciones y asegura que continuará luchando, tanto en Cuba como en instancias internacionales, hasta demostrar la inocencia del exfuncionario. “No vamos a rendirnos”, concluyó María Victoria.

Fuente: DDC

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