El Consejo de Ministros de Cuba aprobó recientemente el anteproyecto del nuevo Decreto-Ley de Aduanas, que será presentado al Consejo de Estado para su próxima evaluación. Esta propuesta legislativa busca actualizar y regular el funcionamiento de la Aduana General de la República (AGR), en un contexto económico marcado por la escasez de productos y crecientes restricciones al comercio exterior.

El jefe de la AGR, Nelson Cordovés Reyes, explicó que la nueva normativa tendrá un enfoque integral, abarcando aspectos administrativos, tributarios, financieros y de comercio exterior. El objetivo, según indicó, es establecer un marco legal más claro sobre la formalización, autorización, control y desaduanamiento de mercancías, viajeros y sus equipajes.

Además, se pretende garantizar el cumplimiento de las normativas en puntos de entrada al país como puertos, aeropuertos y marinas, en consonancia con lo establecido en la Constitución cubana.

A pesar de que aún no se han revelado detalles específicos sobre posibles restricciones, muchos ciudadanos expresan preocupación ante la posibilidad de nuevas limitaciones para importar productos.

En una economía donde los bienes de primera necesidad escasean y la población depende en gran medida de las importaciones, cualquier medida que endurezca el proceso podría agravar la situación actual.

La Aduana cubana no solo regula el flujo de bienes, sino que también cumple funciones de protección nacional, desde la defensa de la industria local y el medio ambiente, hasta la prevención del narcotráfico y el contrabando. Su papel es clave en el control del comercio exterior y la seguridad del país.

En la misma sesión del Consejo de Ministros, también se abordaron temas cruciales para la economía nacional. La viceministra de Economía, Mildrey Granadillo, presentó un programa gubernamental para corregir distorsiones estructurales, incluyendo reformas en el mercado cambiario y la gestión de divisas.

El ministro de Economía, Joaquín Alonso, informó sobre avances modestos en sectores como el tabaco y la biofarmacéutica, aunque reconoció rezagos en el turismo y las telecomunicaciones.

Finalmente, se destacó un superávit fiscal de 480 millones de pesos hasta febrero, según el ministro de Finanzas, Vladimir Regueiro. Sin embargo, se enfatizó la necesidad de un uso más eficiente de los recursos públicos, en especial los destinados a programas sociales.

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