El régimen cubano ha activado una nueva ofensiva contra la independencia institucional en la Isla, esta vez intentando subordinar a la masonería, una de las organizaciones civiles más antiguas y simbólicas del país.

A través del Ministerio de Justicia, el gobierno busca imponer como líder del Supremo Consejo para el Grado 33 al babalawo y veterano masón Lázaro Cuesta Valdés, una figura altamente cuestionada por su cercanía al poder, su historial de corrupción y su presunta colaboración con el Ministerio del Interior desde los años 90.

Según múltiples fuentes dentro del gremio, Cuesta no solo representa una traición a los principios masónicos de independencia y transparencia, sino que también carga con acusaciones de haber malversado materiales de restauración destinados a monumentos emblemáticos como la Catedral Escocesa y el Asilo Llansó.

Su posible designación, que responde a la carta firmada por la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Justicia el 27 de mayo, busca anular la reelección del hermano José Ramón Viñas, actual líder del Supremo Consejo y una voz crítica del régimen.

"El caso de Viñas es representativo del esfuerzo estatal por sofocar cualquier liderazgo que escape a su control. Ha sido objeto de vigilancia, acoso y campañas de difamación desde que denunciara al ex Gran Maestro Mario Urquía Carreño por el robo de 19.000 dólares y por permitir que la policía política interfiriera en los asuntos internos de la organización."

Desde enero de 2024, la masonería cubana atraviesa una crisis sin precedentes. El intento de anulación de decisiones internas, la extensión ilegal de sesiones por parte del Registro de Asociaciones, y las excomuniones masivas promovidas desde la cúpula afín al gobierno, demuestran una estrategia bien orquestada para quebrar la autonomía masónica. La ofensiva recuerda el método con que el régimen cooptó y manipuló la religión yoruba, utilizando a líderes dóciles como intermediarios entre el Estado y la espiritualidad popular.

"La masonería cubana ha sido históricamente un baluarte de libertad y pensamiento independiente. Pretender someterla a los designios de un ministerio es una violación flagrante no solo de sus principios fundacionales, sino también de la libertad de asociación y creencia."

La comunidad masónica exige respeto a su soberanía, el fin de las injerencias y la restitución del orden democrático en sus órganos rectores. El caso de Lázaro Cuesta no es solo una polémica interna: es una muestra más del carácter totalitario de un sistema que no tolera espacios libres ni voces disidentes.

Fuente: Publicaciones de Ángel Santiesteban Prats, periodista, escritor y ex preso político.

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