El reciente encarcelamiento de los opositores cubanos José Daniel Ferrer y Félix Navarro ha encendido las alarmas en Bruselas, justo cuando la Unión Europea (UE) se prepara para una nueva ronda de diálogo político con el régimen de La Habana. La cita, prevista para este miércoles, abrirá el quinto ciclo de conversaciones en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), firmado en 2016 con el objetivo de fomentar las relaciones diplomáticas, comerciales y de derechos humanos.

Aunque la mayoría de los Estados miembros se alinean con la postura pragmática de la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, algunas delegaciones piden una revisión profunda del acuerdo ante su aparente ineficacia para frenar la represión en la isla. La reciente reclusión de Ferrer y Navarro, ambos opositores reconocidos internacionalmente, ha dado argumentos a quienes cuestionan si el pacto sigue teniendo sentido.

Durante una intervención en el Parlamento Europeo, Kallas reconoció que el acuerdo “no ha aportado los resultados esperados”, pero defendió su continuidad como “la mejor herramienta disponible” para promover reformas, apoyar los derechos humanos y contrarrestar la creciente influencia de Rusia y China en el Caribe.

“La UE apoya que los cubanos puedan expresarse libremente y sin miedo. El Estado de derecho es incompatible con las detenciones arbitrarias”, señaló Kallas, sin dejar de subrayar la importancia de mantener canales abiertos con el Gobierno cubano pese a sus constantes violaciones de derechos fundamentales.

No todos comparten su visión. Desde Madrid, organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Prisoners Defenders han denunciado la “visión desactualizada” de la UE sobre Cuba. Critican los “nulos resultados” del acuerdo en materia de derechos humanos y reclaman una política más firme y coherente con los valores europeos.

Una de las principales críticas apunta a que el acuerdo permite al régimen vetar la participación de miembros de la sociedad civil cubana en los diálogos. Según Prisoners Defenders, esta cláusula ha “condenado al fracaso” el objetivo principal del ADPC: la protección de los derechos humanos en la isla. La misma organización cifra en 1.155 los presos políticos en Cuba, una cifra alarmante que pone en entredicho la narrativa de avances promovida por La Habana.

Mientras tanto, el Gobierno cubano no ha dado señales de apertura ni de voluntad de diálogo genuino con su ciudadanía. Las detenciones arbitrarias, la censura, la represión de activistas y periodistas, y el control absoluto del poder por parte del Partido Comunista persisten sin cambios sustanciales.

En este contexto, la reunión de Bruselas pone a prueba no solo la viabilidad del acuerdo, sino también la coherencia de la política exterior europea. Para muchos, es el momento de redefinir la relación con un régimen que, pese al diálogo formal, sigue cerrando puertas al respeto de las libertades más básicas.

Fuente: EFE

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