Mientras la mayoría de los cubanos lucha cada día contra los apagones, la falta de alimentos y salarios que no alcanzan para sobrevivir, una reducida élite sigue disfrutando de privilegios que parecen intocables. No es un fenómeno nuevo ni accidental: es la consecuencia directa de un sistema que, bajo el discurso de la igualdad, ha consolidado una clase dominante con acceso exclusivo a riqueza, oportunidades y poder.

Dentro de ese círculo, los descendientes de la cúpula gobernante han crecido rodeados de ventajas que jamás estuvieron al alcance del ciudadano común. Viajes, acceso a divisas, protección institucional y puertas abiertas en los mejores negocios del país forman parte de una normalidad que contrasta con la vida de quienes dependen de la libreta, de remesas o de la economía informal para subsistir. Esa distancia social no solo es económica, es también política: unos viven bajo la ley, otros por encima de ella.

El caso de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, simboliza esa continuidad de privilegios heredados. Desde joven ha estado vinculado a espacios de poder, seguridad y exclusividad, y hoy su nombre aparece asociado —directa o indirectamente— a emprendimientos que, aunque figuren legalmente como MIPYMES, funcionan como grandes negocios con capital, ubicación y protección que ningún emprendedor común podría soñar. No se trata solo de restaurantes o complejos recreativos; se trata del acceso a zonas estratégicas, licencias rápidas y un blindaje que elimina cualquier riesgo real.

En este caso, el "Cangrejo", nieto de Raúl Castro, presumiblemente sería el verdadero dueño del más reciente y ostentoso monopolio surgido en el litoral de 1ra y 70, en el municipio capitalino de Playa. Se trata de La Marina, un complejo de restaurantes, bares y cafeterías que opera bajo el disfraz legal de varias MIPYMES, registradas a nombre de testaferros que figuran como supuestos propietarios. Sin embargo, en La Habana es un secreto a voces que todas responden a un único dueño: el nieto del dictador.

Para el cubano de a pie, abrir un pequeño negocio implica inspecciones constantes, multas, decomisos y una burocracia asfixiante. Para la élite, en cambio, el camino está despejado: el capital aparece, los permisos llegan y la competencia desaparece. Así se construyen monopolios “privados” que en realidad responden a intereses familiares del poder, reproduciendo una desigualdad estructural que el discurso oficial se niega a reconocer.

Lo más grave no es solo el lujo visible, sino el mensaje que transmite: en Cuba no todos parten del mismo punto, ni juegan con las mismas reglas. El sacrificio y la lealtad ideológica no garantizan bienestar; lo que garantiza prosperidad es el apellido, la cercanía al poder y la pertenencia a la red correcta. Esa realidad erosiona la confianza social y alimenta la frustración de generaciones que no ven futuro dentro del país.

Mientras tanto, el relato oficial sigue culpando a factores externos de cada carencia, pero guarda silencio sobre los privilegios internos. La crisis se socializa; los beneficios se privatizan entre los mismos de siempre. Y así, el “socialismo” que prometió igualdad termina funcionando como un sistema de castas, donde la cúspide vive al margen de las penurias que sufre la mayoría.

Hablar de estos privilegios no es un ataque personal, es una denuncia necesaria contra un modelo que protege a sus herederos y abandona a su pueblo. Porque la desigualdad en Cuba no es un accidente: es el resultado de un poder que se hereda, se blinda y se enriquece, mientras el país se apaga.

Fuente: La Tijera

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