La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que revisará la constitucionalidad del decreto del presidente Donald Trump destinado a limitar la ciudadanía por nacimiento, una medida que desafía uno de los principios más estables de la legislación estadounidense desde el siglo XIX. La decisión abre la puerta a un debate histórico sobre el alcance de la Decimocuarta Enmienda, que desde 1868 garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense.

El tribunal había evitado pronunciarse sobre el fondo del asunto a inicios de año, limitándose entonces a resolver aspectos procesales. Pero ahora, al aceptar la apelación del Gobierno de Trump, los magistrados se preparan para analizar directamente si un presidente puede modificar por decreto un derecho constitucional ampliamente asentado.

Los argumentos se escucharán el próximo año, y se espera un fallo para junio. Un eventual veredicto favorable a Trump alteraría significativamente la política migratoria del país y podría imponer nuevos obstáculos a las familias para registrar a sus hijos recién nacidos como ciudadanos estadounidenses.

Expertos constitucionales han rechazado la interpretación del presidente. Steve Vladeck, profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown, calificó el intento de Trump como “uno de los más desacertados” de su administración. Recordó que el precedente establecido por el caso Wong Kim Ark en 1898 dejó claro que todo nacido en EE. UU. —excepto contadas excepciones— tiene derecho a la ciudadanía, incluso si sus padres son inmigrantes.

Sin embargo, los abogados del Gobierno alegaron en su apelación que ese fallo ha sido “malinterpretado” durante décadas. Sostienen que la intención original de la Decimocuarta Enmienda era proteger a los esclavos liberados y no otorgar ciudadanía automática a hijos de extranjeros en situación irregular o estadía temporal.

La controversia también ha dividido a los tribunales inferiores, aunque hasta ahora todos —tanto jueces conservadores como progresistas— han bloqueado la implementación del decreto firmado por Trump el 20 de enero bajo el título “Protegiendo el significado y valor de la ciudadanía estadounidense”. La medida prohibiría emitir documentos que reconozcan la ciudadanía a niños nacidos en el país cuyos padres se encuentren ilegalmente en Estados Unidos o de manera temporal.

Aunque la Corte Suprema limitó a mediados de año el alcance de las medidas cautelares con las que los tribunales pueden frenar políticas presidenciales, la norma de Trump volvió a ser detenida por otras vías y nunca entró en vigor.

Organizaciones civiles como la ACLU consideran que el caso del Gobierno carece de sustento jurídico. Han descrito la argumentación oficial como una mezcla de “citas inapropiadas, doctrinas inventadas y preferencias de política”, señalando que el decreto contradice la esencia misma de la Enmienda constitucional.

El litigio que ahora examinará la Corte surge de un juez de Nuevo Hampshire que prohibió aplicar el decreto en un proceso colectivo. En cambio, el tribunal desestimó otro recurso similar proveniente del Noveno Circuito, que cuestionaba si los estados tenían legitimidad para demandar.

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