La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este viernes la decisión del presidente Donald Trump de poner fin a las protecciones migratorias conocidas como Estatus de Protección Temporal (TPS) para alrededor de 300.000 venezolanos residentes en el país. Se trata de la segunda vez que el máximo tribunal respalda esta medida, generando preocupación en las comunidades migrantes afectadas.

En una orden breve, la mayoría conservadora de los jueces sostuvo que el Gobierno puede continuar con el plan de eliminar esta forma de alivio humanitario. La decisión fue adoptada con el rechazo de los tres magistrados progresistas, quienes reiteraron su oposición a la manera en que el caso ha sido manejado.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había anunciado a inicios de este año la revocación del TPS para migrantes venezolanos, lo que desencadenó una ola de demandas. Los afectados argumentaron que la medida violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, al no seguir los pasos legales requeridos, y denunciaron motivaciones de carácter político y racial detrás de la decisión.

La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única que presentó una opinión disidente por escrito. En su declaración criticó con fuerza la rapidez del proceso y lo calificó como “otro grave uso indebido del expediente de emergencia” por parte de la Corte. Según Jackson, la decisión permite a la administración “perturbar tantas vidas como sea posible, tan rápido como sea posible”.

El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para proteger de la deportación a inmigrantes cuyos países enfrentan guerras, desastres naturales u otras crisis humanitarias. El Gobierno de Joe Biden otorgó por primera vez este estatus a los venezolanos en 2021, citando la grave inestabilidad política y social en Venezuela, y lo amplió nuevamente en 2023. Incluso, dos semanas antes de abandonar la Casa Blanca, la administración Biden había renovado estas protecciones por 18 meses adicionales.

El fallo de la Corte Suprema se aplica específicamente a esa última designación de 2023, lo que deja en una situación de incertidumbre a miles de familias venezolanas que dependen del amparo migratorio para permanecer en Estados Unidos sin riesgo de deportación.

Cabe recordar que, durante el primer mandato de Trump, su administración reconoció que Venezuela atravesaba “la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental” y ofreció un alivio temporal limitado a algunos migrantes. Sin embargo, el actual giro en su política migratoria podría significar la expulsión de cientos de miles de personas que han construido sus vidas en Estados Unidos.

La decisión, aunque esperada tras un fallo similar en mayo pasado, representa un duro golpe para los beneficiarios del TPS venezolano. Organizaciones de defensa de migrantes han alertado sobre las graves consecuencias humanitarias de la medida y han instado al Congreso a buscar soluciones permanentes que garanticen estabilidad a estas comunidades vulnerables.

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