La Corte Suprema de Estados Unidos dio este viernes un respaldo clave al presidente Donald Trump al restringir el poder de los jueces federales para bloquear a nivel nacional decretos presidenciales, en una decisión que podría tener impacto directo en su controvertida orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento.

En una votación de 6-3, con mayoría conservadora, el tribunal dictaminó que las suspensiones de alcance nacional emitidas por tribunales de distrito “probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha conferido a los tribunales federales”. El fallo no decide aún si el decreto de Trump, que busca negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o en estatus temporal, es constitucional, pero sí permite que la medida avance en determinadas jurisdicciones mientras se mantienen activos otros litigios en el país.

La jueza Amy Coney Barrett, quien redactó la opinión mayoritaria, sostuvo que “los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo” y que su rol se limita a resolver disputas concretas según los poderes que les ha delegado el Congreso. En ese sentido, advirtió que “cuando un tribunal concluye que el Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también sobrepase su autoridad”.

Las juezas progresistas del tribunal —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— votaron en contra, argumentando que la decisión debilita un mecanismo clave del poder judicial para frenar posibles abusos del Ejecutivo.

El origen del caso se remonta al 20 de enero de este año, cuando Trump, en su regreso al poder, firmó un decreto para eliminar la ciudadanía automática por nacimiento a hijos de migrantes que se encuentren en situación irregular o bajo protección temporal, como asilo o visas especiales. Esta política contraviene el principio de jus soli, establecido desde hace más de 150 años en la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.

El decreto fue inmediatamente impugnado por cortes federales en Maryland, Massachusetts y el estado de Washington, que ordenaron su suspensión total por considerarlo inconstitucional. La administración Trump presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema, argumentando que un solo juez de distrito no debería tener la facultad de detener una política federal en todo el país mientras el proceso legal continúa.

Si bien el alto tribunal aún no se ha pronunciado sobre la legalidad sustantiva del decreto, el fallo de este viernes representa un revés para quienes buscan frenar desde el poder judicial las decisiones ejecutivas más polémicas. De momento, la medida de Trump podría implementarse parcialmente en estados donde no existen bloqueos judiciales, hasta que se resuelva el fondo constitucional del caso.

La decisión marca un precedente importante sobre los límites del poder judicial y, a la vez, otorga margen de maniobra a la Casa Blanca para avanzar en medidas controvertidas sin verse automáticamente frenada por jueces individuales, algo que había sido frecuente durante el primer mandato de Trump.

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