La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este jueves a la administración de Donald Trump a implementar una política que obliga a que todos los pasaportes reflejen el sexo biológico al nacer de los ciudadanos, eliminando la opción de registrar la identidad de género elegida por las personas transgénero.

Con una votación de 6 a 3, la mayoría conservadora del tribunal revocó fallos previos de cortes inferiores que habían bloqueado la medida por considerarla discriminatoria. La decisión supone un nuevo giro en la política federal sobre derechos de las personas trans, al tiempo que reabre un debate nacional sobre identidad, derechos civiles y libertades individuales.

Según las nuevas normas impulsadas por el Gobierno de Trump, los pasaportes estadounidenses solo podrán indicar el sexo asignado al nacer, sin excepción, independientemente de certificados médicos o documentación que respalde una transición de género. Desde 1992, los solicitantes habían tenido la posibilidad de registrar el marcador de género conforme a su identidad, siempre que presentaran un documento médico que lo acreditara.

En una opinión sin firma, la Corte sostuvo que “indicar el sexo de nacimiento no constituye una violación de los principios de igualdad ante la ley”, argumentando que el Gobierno simplemente certifica “un hecho histórico” y no discrimina al hacerlo. Los jueces conservadores añadieron que los demandantes “no demostraron que la política tuviera como único fin perjudicar a un grupo social específico”.

Sin embargo, las juezas Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor y Elena Kagan disintieron enérgicamente, calificando la medida como un acto de marginación institucional. Jackson advirtió que la decisión “refleja la creencia de que la identidad transgénero es falsa” y que la política “expone a los demandantes a situaciones de escrutinio humillante y peligroso, especialmente en aeropuertos y viajes internacionales”.

“La evidencia de los daños sufridos por estas personas supera con creces cualquier justificación del Gobierno para aplicar esta política de manera inmediata”, escribió Jackson en su voto disidente, acusando a la mayoría de “ignorar las consecuencias humanas de su fallo”.

Grupos de defensa de los derechos LGBTQ+ manifestaron su rechazo a la decisión. Jon Davidson, asesor principal del Proyecto LGBTQ y VIH de la ACLU, la describió como “un retroceso devastador para la libertad individual”.

“Obligar a las personas trans a portar documentos que las expongan al acoso y la violencia agrava las barreras que ya enfrentan para vivir con seguridad y dignidad”, señaló Davidson, quien prometió continuar las acciones legales.

Aunque la resolución permite que la política entre en vigor de inmediato, el litigio sobre su legalidad de fondo continuará en tribunales inferiores. No obstante, la Corte adelantó que “es probable que la administración Trump tenga éxito”, anticipando una posible consolidación de esta medida a nivel federal.

Fuente: ABC News

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