Más de medio millón de migrantes que residen legalmente en Estados Unidos están en riesgo de deportación luego de que el Tribunal Supremo respaldara la decisión de la Administración Trump de eliminar el programa de parole humanitario.

Este programa permitía a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela —conocidos como CHNV— residir legalmente en el país hasta por dos años por razones humanitarias. Fue implementado por el Gobierno de Joe Biden en 2022 y 2023 para ofrecer una alternativa legal a quienes huían de situaciones críticas en sus países de origen.

Según cifras recogidas por El País, con información de la organización FWD.us, alrededor de 531.000 personas se han beneficiado del programa hasta la fecha: 110.000 cubanos, 211.000 haitianos, 93.000 nicaragüenses y 117.000 venezolanos. Todos residen actualmente en al menos 27 estados del país. De acuerdo con la misma fuente, solo los 240.000 beneficiarios que están activos en el mercado laboral generan anualmente 5.500 millones de dólares en actividad económica. Su ocupación se concentra en sectores como la manufactura, construcción, hostelería, servicios de salud, informática y atención médica.

El informe de FWD.us citado por El País indica que desmantelar el parole “dañaría la economía”, perjudicaría a los empleadores que contrataron a beneficiarios y “trastornaría las vidas de cientos de miles de familias”. Murad Awawdeh, presidente de la New York Immigration Coalition, señaló al medio que el fallo “tendrá consecuencias devastadoras” en familias y sectores productivos.

La sentencia del Tribunal Supremo revoca la decisión previa de un juez federal de Massachusetts, quien había suspendido temporalmente la eliminación del programa al considerar que cada caso debía ser evaluado individualmente.

El Supremo, compuesto por mayoría conservadora, no explicó las razones de su decisión. Las juezas progresistas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson manifestaron su desacuerdo. Jackson destacó que no se identificó ninguna amenaza específica a la seguridad nacional que justificara el cierre del parole.

El parole humanitario para CHNV se inspiró en el programa Uniting for Ukraine, aplicado desde 2022. Requiere que los solicitantes tengan un patrocinador en Estados Unidos que asuma responsabilidad financiera. El País detalla que la mayoría de los patrocinadores son familiares con residencia o ciudadanía estadounidense.

Desde la implementación del parole, la migración irregular desde estos cuatro países se redujo un 62%. En enero de 2023, el promedio diario de cruces ilegales era de 1.231, mientras que en febrero se registraron apenas 46 diarios. Según los datos citados por Patricia Caro en El País, más del 50% de los beneficiarios tiene dominio del inglés, casi todos han completado la secundaria, y el 63% cuenta con estudios universitarios. El 87% manifestó su intención de solicitar la ciudadanía.

El Supremo también falló recientemente a favor de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, que otorgaba residencia legal a 350.000 personas. Organizaciones como United We Dream expresaron a El País su temor de que estas decisiones anticipen la posible eliminación del programa DACA, que protege a jóvenes migrantes que llegaron al país siendo menores de edad.

(Texto basado en el artículo de Patricia Caro publicado por El País el 31 de mayo de 2025)

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