La administración entrante de Donald Trump está trabajando en una nueva estrategia para deportar a migrantes cuyos países de origen se niegan a aceptarlos. Según fuentes cercanas a los planes, se está preparando una lista de países, como las Islas Turcas y Caicos, Bahamas, Panamá y Granada, que podrían recibir a migrantes deportados de Estados Unidos. Esta medida podría afectar a miles de personas que quedarían desplazadas en naciones donde no tienen lazos, conocimientos del idioma ni conexión con la cultura local.

Aunque aún no se sabe si los migrantes deportados podrán vivir y trabajar legalmente en estos países, la idea detrás de la estrategia es aliviar la carga para Estados Unidos, que enfrenta dificultades para deportar a migrantes cuyos países se niegan a recibirlos. En algunos casos, las naciones de origen de los migrantes, como Venezuela, Cuba y China, se muestran renuentes a aceptar a sus ciudadanos deportados, lo que complica aún más el proceso.

En el pasado, durante el primer mandato de Trump, se implementó una política similar con Guatemala, que aceptó migrantes que habían cruzado a Estados Unidos y solicitaban asilo. Sin embargo, esta práctica fue muy controvertida y estuvo sujeta a demandas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la ACLU, que alegaron que ponía a los migrantes en una situación de riesgo extremo.

Con la entrada de la nueva administración, se prevé que esta política se intensifique, con el fin de crear lo que Trump ha denominado “la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos”. Además de presionar a los países mencionados, como las Islas Turcas y Caicos, Bahamas y Panamá, también se está buscando que México reciba a migrantes no mexicanos para evitar que queden en Estados Unidos.

Sin embargo, lograr que México acepte vuelos de deportación de personas de otros países podría ser complicado. Fuentes indican que la administración Trump podría utilizar aranceles como herramienta de presión para que México cumpla con esta solicitud.

En cuanto a la legalidad de esta medida, la ACLU y otros grupos de derechos civiles han expresado su oposición. Lee Gelernt, abogado de la organización, comentó que durante el primer mandato de Trump se presentó una demanda por políticas similares, ya que consideraban que estas violaban los derechos de los migrantes y los exponían a graves riesgos. La demanda sigue pendiente en un tribunal federal.

Aunque algunos países como Panamá se han mostrado cautelosos ante los rumores sobre estos acuerdos, el equipo de transición de Trump ya ha comenzado las conversaciones para formalizar los planes de deportación. Esto sugiere que, en los próximos meses, la política de deportación de migrantes podría cambiar significativamente, afectando a miles de personas y generando nuevos desafíos legales y diplomáticos para los gobiernos involucrados.

(Con información de NBC News)

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