El gobierno cubano vuelve a prometer una transformación del sistema cambiario. Esta vez, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció ante la Asamblea Nacional que en el segundo semestre de 2025 entrará en vigor un nuevo “mecanismo de gestión, control y asignación de la divisa”, como parte del Programa de Gobierno para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.

Sin embargo, esta es ya la tercera reestructuración en apenas tres años, y el escepticismo es generalizado.

Según Marrero, la nueva etapa incluirá una transformación del mercado oficial, mejoras en los esquemas de financiamiento y una redistribución más eficiente de las divisas generadas por las empresas estatales.

Afirma que, esta vez, las entidades podrán recibir directamente los ingresos en divisas que generan, lo cual —dice— debería aumentar la oferta de productos. Pero los cubanos ya han escuchado esa promesa en 2022, en 2023 y en 2024, sin que nada haya cambiado para mejor.

Mientras el discurso oficial habla de desdolarización, la realidad en la calle es otra: la moneda dura sigue rigiendo la vida diaria y el peso cubano continúa desplomándose. En el mercado informal, el dólar mantiene su supremacía y las remesas siguen siendo el salvavidas de millones.

La población continúa comprando divisas en la calle para poder acceder a alimentos, medicinas y trámites esenciales, porque el MLC ha ido perdiendo su valor inicial, incluidas las tiendas prácticamente vacías de productos necesarios.

La figura detrás de los fracasos anteriores, Alejandro Gil Fernández, fue destituido en febrero de 2024 tras reconocer el colapso de su estrategia y la imposibilidad de controlar la inflación.

Su sustituto, Joaquín Alonso Vázquez, apenas ha mostrado avances. “La vida es dura, pero la única salida es la revolución y el socialismo”, dijo Gil antes de ser removido. Para muchos, esa frase encarnó el cinismo de las autoridades.

Una vez más, el enfoque parece centrarse en beneficiar a las empresas estatales, sin aclarar cómo se garantizará el acceso a divisas para la ciudadanía. Los expertos advierten que sin una política monetaria inclusiva y sin transparencia, el nuevo intento fracasará como los anteriores. El pueblo ya no espera discursos ni diagnósticos: exige resultados concretos.

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