Una jueza federal en Florida ha impuesto un freno parcial al polémico centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en la región de los Everglades.

La jueza Kathleen Williams emitió una orden de restricción temporal que impide a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) seguir expandiendo el sitio con nuevas tiendas de campaña o infraestructura adicional, al menos durante las próximas dos semanas.

Durante ese período, se evaluará si se emite una orden más amplia que pueda detener completamente las operaciones o establecer nuevas limitaciones.

El centro ha sido duramente criticado por organizaciones ambientales y por la tribu indígena Miccosukee, quienes alegan que su existencia y crecimiento representan una amenaza directa a los humedales protegidos del sur de Florida.

Estas tierras son hábitat de diversas especies de flora y fauna en peligro y están protegidas por leyes federales y estatales que regulan el uso del ecosistema de los Everglades.

"La operación de esta prisión migratoria no solo viola principios ambientales fundamentales, sino que también amenaza la supervivencia de territorios sagrados y vitales para los pueblos originarios de la región", argumentaron los demandantes en documentos presentados ante la corte. En su solicitud, instaron a la jueza Williams a emitir una orden preliminar más firme que suspenda de manera inmediata y total el funcionamiento del centro.

Las preocupaciones no son únicamente ambientales o culturales. También se señala que el costo de mitigar el daño ambiental que podría provocar este centro ascendería a miles de millones de dólares en esfuerzos de restauración ecológica. Además, se han alzado voces desde organizaciones defensoras de los derechos humanos que cuestionan la legalidad y las condiciones en que se mantienen a los migrantes detenidos en estas instalaciones improvisadas.

“Alligator Alcatraz”, nombre que ha sido popularizado por activistas y medios locales, simboliza para muchos la fusión de represión migratoria y devastación ecológica, según han expresado grupos de defensa.

Por el momento, ICE no podrá avanzar con obras adicionales en el lugar, mientras la corte evalúa el fondo de la demanda. Se espera que en las próximas dos semanas la jueza Williams emita una decisión más definitiva. Este caso podría sentar un precedente importante en la intersección entre política migratoria, derechos indígenas y protección ambiental en Estados Unidos.

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