En Minnesota, una jueza federal emitió una orden que cambia de forma significativa la manera en que los agentes federales pueden interactuar con manifestantes durante la actual operación de control migratorio conocida como Operación Metro Surge. La magistrada Katherine Menéndez, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Minnesota, dictó una orden judicial preliminar que restringe a los agentes federales, incluyendo a oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, para que no detengan, arresten ni utilicen gas pimienta u otras tácticas de dispersión de multitudes contra personas que protestan de manera pacífica o que observan las operaciones dentro de la ley.

La decisión llega en medio de crecientes tensiones en la zona de las Twin Cities (Minneapolis–St. Paul), donde miles de residentes y activistas han estado protestando desde que se intensificó la presencia federal de agentes migratorios el pasado diciembre. Estas protestas se agravaron tras la muerte de una mujer de 37 años, Renee Nicole Good, quien fue abatida a tiros por un agente federal en Minneapolis el 7 de enero, hecho que generó indignación y resistencia en la comunidad local.

La orden de Menéndez establece que los agentes no pueden tomar represalias ni arrestar ni detener a manifestantes que están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, siempre que no estén violando la ley o interfiriendo físicamente con las operaciones de inmigración. Asimismo, prohíbe el uso de gas pimienta y otras municiones no letales como herramienta para dispersar a los manifestantes, una medida que fue ampliamente utilizada en varios enfrentamientos entre la protesta y las fuerzas del orden durante las últimas semanas.

La jueza también subrayó que seguir a los agentes desde una distancia segura y observar sus actividades no constituye por sí solo una justificación para detener vehículos ni registrar a las personas presentes. El fallo estará vigente hasta que concluya la operación o las condiciones cambien de forma que ya no se considere necesario mantener estas restricciones, con la intención de equilibrar la protección de los derechos constitucionales con la necesidad de que los agentes realicen sus tareas policiales.

La orden responde a una demanda presentada el 17 de diciembre por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de seis manifestantes y observadores, quienes alegaron que agentes federales habían violado sus derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el derecho a no ser objeto de detenciones o registros irrazonables. Según la demanda, los demandantes fueron objeto de arrestos, detenciones y uso de gas pimienta, además de enfrentarse a la amenaza de armas de fuego durante las acciones de control migratorio.

La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa al ICE, ha sido defender la actuación de sus agentes, diciendo que estos han actuado “de manera constitucional” y han enfrentado actos violentos por parte de algunos manifestantes. Pese a ello, la orden judicial marca una limitación clara a las tácticas federales en Minnesota, y destaca la importancia de respetar los derechos civiles incluso en contextos de aplicación de la ley migratoria.

Fuente y foto: Telemundo 51

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